Solís ha destacado que “frente a una Junta que ningunea a los alcaldes y alcaldesas, en este caso a los de las 10 ELA gaditanas, excluyéndolos de los planes de empleo y paralizando el Decreto Regulador de ELA, la Diputación de Cádiz ha aportado en los últimos meses casi 2 millones de euros para frenar los efectos del COVID-19 en su territorio”