El diputado socialista gaditano Rafael Román ha desgranado esta mañana los principales contenidos del Acuerdo Social y Económico firmado por el Gobierno y los agentes sociales para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, y ha destacado que ese instrumento se integra en “un proceso de reformas que comenzó el pasado 12 de mayo y que ha incluido medidas en el plano laboral, el financiero, el de las pensiones y en el del propio modelo económico. Y el año de legislatura que resta hasta las elecciones generales será el tiempo para el desarrollo y la aplicación de todas estas reformas que van a dar sus frutos positivos pero que no se hacen por gusto ni buscando el aplauso de la ciudadanía. Sabemos que son medidas duras, pero son las que debe tomar un Gobierno responsable”.

Román se ha referido al “ejercicio de madurez” protagonizado por el Gobierno y por los agentes sociales y económicos. “Si finalmente han cedido todas las partes, podremos decir que se trata de un buen acuerdo. No porque sea estupendo en su contenido sino porque es necesario si se trata de afianzar el sistema público de pensiones, de forma que en un futuro siga contando con la misma fiabilidad que merece en la actualidad”, ha señalado. Además, el diputado ha recordado que el acuerdo cuenta con “rango de anteproyecto de ley, que deberá recibir los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Posteriormente, el Gobierno lo llevará al Parlamento como proyecto de ley y deberá pasar por el Congreso y por el Senado, donde estará abierto a recibir modificaciones y a buscar el respaldo de las fuerzas políticas”.

En este sentido, Rafael Román ha lanzado el guante al PP, que “se ha opuesto sistemáticamente a todas las reformas que se han ido emprendiendo en los últimos meses. Esperamos que ahora, hasta que se complete la tramitación parlamentaria, tenga tiempo de reflexionar y decida apoyar un asunto de tanta importancia. Porque si los empresarios y los sindicatos han entendido que deben respaldar esta reforma es porque son conscientes de que se trata de una serie de medidas necesarias para garantizar el sistema de pensiones en un futuro”. Con todo, el diputado ha explicado que el acuerdo no se limita a las pensiones, ya que “cuenta con otros dos apartados fundamentales: modernizar el sistema productivo para favorecer el crecimiento económico, e impulsar la creación de empleo”.
 
Román ha destacado que el primero de esos objetivos, la activación económica, está presente por ejemplo en la primacía de las políticas industriales, energéticas y de I+D+I, como fórmula para modernizar el sistema productivo. “Como ha dicho Felipe González, el mundo ha cambiado y España tiene que cambiar con el mundo”, ha señalado el diputado, quien también ha hecho hincapié en que el acuerdo deja en manos de las representaciones empresarial y sindical el desarrollo de la negociación colectiva, con lo que consagra su autonomía en la materia.

Rafael Román ha explicado las principales novedades en relación con el empleo, especialmente dirigidas a dos colectivos como los jóvenes y los parados de larga duración. En este sentido, ha destacado la apuesta por la contratación a tiempo parcial, una fórmula en la que las empresas de hasta 250 trabajadores encontrarán una subvención del 100% de las cuotas a la Seguridad Social para aquellos contratos que se prolonguen entre el 50 y el 70% de la jornada laboral; y el estímulo de la mejora de la capacitación profesional, mediante el establecimiento de un pago de 400 euros durante seis meses a los desempleados que hayan agotado la prestación y que desarrollen acciones de formación en virtud de itinerarios personalizados.

La apuesta por la Formación Profesional (con el objetivo de que en dos o tres años el 85% de los jóvenes españoles cuente al menos con una titulación de grado medio) y el aumento de su oferta on-line (para que en septiembre de este mismo año pase de nueve a un centenar de ciclos formativos) deben incidir también en la mejora de la capacitación laboral de los jóvenes y, en definitiva, en su incorporación al mundo del trabajo.

Rafael Román se ha referido también a la importancia del fondo de capitalización que será regulado por ley y que se nutrirá con aportaciones del propio trabajador, que podrá recuperarlas en caso de despido, de jubilación o de atravesar necesidades de carácter formativo.

En el plano empresarial, el acuerdo recoge también la mejora y el aumento de la dotación de los fondos de garantía recíproca; el incremento de la capacidad financiera del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); así como tres elementos dirigidos a la innovación: un nuevo fondo de capital riesgo para empresas con ese carácter; el establecimiento de ventajas para emprendedores que apuesten por la I+D+I; y la ‘discriminación positiva’ como proveedores de las Administraciones Públicas de las empresas que aporten servicios y productos tecnológicos.

Volviendo al caso de las pensiones, Rafael Román ha aclarado que “en ningún caso este acuerdo afecta a los actuales pensionistas; y tampoco afecta a quienes se vayan a jubilar en 2011 y 2012, porque comenzará a aplicarse progresivamente a partir de 2013”. De forma general, “el acuerdo establece un abanico para la prejubilación desde los 63 años, con 33 años de cotización y la reducción correspondiente; si bien se recoge una situación excepcional, para aquellas empresas que fracasan, de prejubilación con 61 años”.

Finalmente, Román se ha referido a varios aspectos enormemente sociales recogidos en el acuerdo. Entre ellos ha destacado dos, propuestos por los sindicatos, como son la recuperación de hasta dos años de cotización tanto a los padres y madres que interrumpieran la misma por atender el cuidado de los hijos como a aquellos jóvenes que se incorporaran como becarios al mundo formativo-laboral durante un período que no produjo cotización. A ellos se suman otros puntos como la cláusula de mejora de las pensiones mínimas para las personas que vivan solas (lo que afectará a los casos de jubilación, incapacidad y viudedad); el compromiso de que la cotización de los autónomos no se incremente por encima de la de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social; y la incorporación de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena a ese mismo Régimen General, un aspecto que “tiene gran importancia en Andalucía y en la provincia de Cádiz en particular, y que supone el cumplimiento de una aspiración largamente demandada por parte de ese importante colectivo”.

Cádiz, 4 de febrero de 2011