El secretario de Política Municipal de la Ejecutiva provincial, Francisco Menacho, ha valorado hoy el dictamen del Consejo de Estado contrario a la reforma local que, a su juicio, supone un espaldarazo a los 22 municipios gaditanos que se posicionaron a favor del recurso ante el Tribunal Constitucional.

Menacho ha destacado la unanimidad que se ha producido en el seno del Consejo de Estado, presidido por un ex ministro del PP, José Manuel Romay Beccaría y ha resaltado que “se abre la puerta ya definitiva para que los ayuntamientos españoles puedan presentar el recurso ante el Alto Tribunal ya que para formalizarlo era preceptivo que existiera un dictamen previo del Consejo de Estado que es el que se ha producido el 22 de mayo y hemos conocido a finales de la semana pasada”.  “Los partidos han presentado ya el recurso, los Gobiernos autonómicos, los parlamentos autónomicos también y sólo falta que lo hagan los ayuntamientos que son la administración directamente implicada”, ha indicado informando de que “tienen un mes para hacerlo efectivo”.

“El dictamen viene a reafirmar que hay dos artículos que lesionan la autonomía local”, ha destacado Menacho que ha explicado que “cuando una administración ve que sus competencias han sido lesionadas existe un mecanismo para dirimir el conflicto que en este caso sería en defensa de la autonomía local, y ello requería o bien que lo formalizase la séptima parte de todos los ayuntamientos de España, o bien un sexto de la población nacional”. “De 8.117 municipios españoles, harían falta 1.160 y se adhirieron un total de 2.393 población, y si tomamos como referencia la población, de 47 millones harían falta algo más de 7 millones y respaldan el recurso más de 16 millones de habitantes”, ha precisado.

Menacho ha recordado que el PSOE en la provincia de Cádiz ha llevado a cabo una campaña en todos los ayuntamientos para reclamar en una moción elevada a los Plenos la solicitud del dictamen del Consejo de Estado paso como paso previo para ir al Constitucional. Así lo han respaldado 22 municipios en la provincia la mayoría del PSOE, 2 de IU y uno del PP, el ayuntamiento de Chipiona.

El secretario de Política Municipal de los socialistas gaditanos sostiene que “hay dos artículos que atentan contra la autonomía local y la democracia, uno que es el 26.2 respecto a los intereses de los municipios de menos de 20.000 habitantes y que afectaría a 691 municipios en Andalucía, al 89 por ciento y en la provincia de Cádiz a 31”. Este artículo imponía que la Diputación coordinara los servicios mínimos como el alumbrado, la recogida y tratamiento de residuos, el suministro y depuración de aguas, los accesos a la población y la pavimentación de vías pecuarias. Para llevarla el ayuntamiento tendría que demostrar que el coste efectivo es menor que si lo llevase la Diputación. “El mismo Consejo de Estado señala que habría que explicar qué es ese coste efectivo, porque no es el mismo el coste de un servicio en Torre Alháquime que en Cádiz capital”, ha señalado Menacho. “Si le quitamos los servicios que son fundamentales, estamos vaciando de contenido a los ayuntamientos y nos preguntamos para qué serviría un alcalde entonces si todo lo lleva la Diputación”, ha asegurado el dirigente socialista que subraya que “el consejo de Estado dice que es uno de los elementos para los que los ayuntamiento tienen suficientes argumentos jurídicos para ir al Constitucional”.

El otro varapalo fuerte que, a juicio de Menacho, ha dado el Consejo de Estado a la reforma del PP por restar autonomía local se refiere al recorte de la democracia en lo que respecta a la disposición adicional decimosexta, que dice que en temas económicos, si no salen aprobados por el Pleno, éstos podrían aprobarse en la Junta de Gobierno local. “Eso vulnera el principio de representación política, porque el pleno no tiene el control sobre decisiones tan importantes y el Consejo de Estado dice que este aspecto también es factible de recurrir”, ha informado.

Ante las críticas sobre que el recurso lo haya presentado Barcelona, Menacho ha precisado que lo presenta el ayuntamiento de mayor población y como Madrid no ha sido partidario de recurrir, pues lo formalizará la ciudad condal en nombre de los demás ayuntamientos que se han adheridos.

Francisco Menacho se ha referido a la situación en Andalucía con el decreto Ley que aprobó el Gobierno el 20 de mayo con el acuerdo del Consejo Andaluz de concertación local, que representa a la FAMP y a los ayuntamientos para blindar las competencias de los ayuntamientos que según apunta, según la LAULA y el Estatuto de Autonomía, no son cinco como recoge el texto de la reforma, sino 29 competencias. “Mientras resuelve el TC, la norma andaluza prevalece y los ayuntamientos pueden seguir prestando servicios y se garantiza así actividades como la salud, los servicios sociales, la educación, que no lo hubieran podido hacer si la Junta no saca el decreto”, ha aseverado el diputado andaluz.

Respecto a las críticas que la portavoz del PP, Ana Mestre ha realizado acusando a la Junta de protagonizar un enfrentamiento más con el Gobierno, Menacho ha puntualizado que “no se trata de partidos políticos o de gobiernos con distintos colores, sino de un decreto ley igual que el que se ha aprobado en comunidades del PP como Castilla-León, Galicia, La Rioja o en el País Vasco”.  “Se trata de que las comunidades autónomas habían visto que la Ley provocaba un vacío de las competencias que actualmente ejercen los ayuntamientos y que quedaban en el limbo y con el decreto se garantiza su continuidad mientras no resuelve el TC”, ha reseñado.

MARTÍNEZ MALIA, O RESPONDE JUDICIALMENTE ANTE LA ACUSACIÓN O DIMITE

En su condición de portavoz de Pesca del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Menacho ha pedido esta mañana al portavoz de Pesca del PP, José Manuel Martínez Malia, tras la denuncia interpuesta contra él por el patrón del ‘Nuevo Pepita Aurora’ por la falsificación de su firma para, presuntamente, quedarse con los derechos de pesca de su barco que “o presente inmediatamente una querella criminal si lo que se denuncia es falso, o se vaya”.

Menacho ha calificado como “muy grave” dicha acusación, sobre todo, porque “hay ocho viudas pendientes de una indemnización por el hundimiento del ‘Nuevo Pepita Aurora’ en 2007, y el juzgado ha dispuesto para su indemnización todos los rendimientos que pudiera dar ese barco”.

El parlamentario socialista ha instado a Martínez Malia a reaccionar judicialmente contra semejante acusación o que dimita si es verdad que “se aprovechó de la supuesta falsificación de la firma del denunciante para permutar los derechos de pesca de un buque de una empresa de la que era socio con los del ‘Nuevo Pepita’ en el caladero del Golfo de Cádiz”.

Entiende Menacho que “si esto es falso, debería acudir inmediatamente al juzgado para interponer una querella contra quien le ha denunciado y si no lo hace, será porque algo estará ocultando y por ello, tendría que dimitir inmediatamente”.