El diputado en el Congreso, Salvador de la Encina, ha trasladado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley instando al Ministerio de Justicia a aprobar la creación de un Segundo Juzgado de lo Social en Algeciras, en 2.017, en cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer a los ciudadanos una tutela judicial efectiva.

Desde el PSOE, se recuerda que desde hace años el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía viene reclamando la puesta en marcha de un nuevo juzgado de lo Social en Algeciras, para poder atender adecuadamente los procesos en materia laboral y de Seguridad Social que no están atribuidos a órganos de otro orden jurisdiccional.

En la iniciativa parlamentaria se señala que también, desde hace muchos años, los profesionales afectados por la situación de colapso que se vive en el Juzgado de lo Social de Algeciras vienen exigiendo la necesidad de soluciones, y así lo han demostrado con concentraciones diversas en la puerta del Palacio de Justicia de Algeciras con el objeto de mostrar su inquietud tras conocerse que no se prorrogaría el refuerzo de Magistrado con el que se contaba en el Juzgado de lo Social desde mediados de 2015.

Igualmente, Salvador de la Encina recuerda que hasta la Defensora del Pueblo abrió una actuación de oficio en junio de 2.016 dirigida al Ministerio de Justicia recomendando dar curso legal a la creación de dicho Juzgado en consonancia con lo que numerosos colectivos, como el Colegio de Graduados Sociales o los sindicatos vienen reivindicando respecto a la aprobación del nuevo juzgado de lo Social, al dilatarse en el tiempo hasta más de un año los juicios por despidos y dejando desamparados a los trabajadores afectados.

Por todo ello, desde el PSOE se entiende que el Ministerio de Justicia, año tras año “no puede seguir excusándose en las limitaciones presupuestarias, o decir que “se sigue estudiando”, cuando el propio Ministro de Justicia en su fugaz paso por el Puerto de Algeciras hacia Ceuta, reconoció que el volumen de carga de trabajo está muy por encima de la media nacional, incumpliendo el mandato constitucional de ofrecer a los ciudadanos y empresas del Campo de Gibraltar una tutela judicial efectiva.