La denuncia interpuesta en su día por Verdemar-Ecologistas en Acción contra el Ayuntamiento de Tarifa ante la Fiscalía General del Estado por posible hurto agravado de la arena extraída de la duna de Valdevaqueros, que habría acabado vendiéndose a empresas que gestionan campos de golf y polo de la provincia de Cádiz, ha motivado que el diputado del PSOE por Cádiz, Salvador de la Encina, traslade una iniciativa parlamentaria al Congreso en la que se cuestiona el papel de la Demarcación de Costas de Andalucía Occidental, la falta de conocimiento de los hechos y que ésta no se haya personado en el proceso judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras que instruye las diligencias previas.

Para Salvador de la Encina, “lo razonable es que Costas hubiera alertado de la situación que se estaba produciendo de la venta de arena extraída de la Duna de Valdevaqueros durante los años 2.012 y 2.014, pero lo cierto es que no actuó hasta que los ecologistas denunciaron la situación y aún no se entiende por qué no se ha personado el Abogado del Estado en la causa judicial abierta”.

“Pero aún menos razonable son las manifestaciones del Subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, quien días atrás calificó públicamente la actuación de Costas de Diligente y se escudó en la autoridad judicial que está investigando el asunto para no llevar a cabo ninguna actuación del Gobierno”, reprocha.

Por el contrario, desde el PSOE se entiende que, independientemente de la vía judicial, el Gobierno tiene que dar explicaciones al tratarse de un posible delito de hurto o apropiación indebida y de falsedad documental, al haberse acreditado indiciariamente la venta de la arena extraída, pudiendo haberse falseado la documentación y procedencia de la arena.

Por todo ello, es por lo que el diputado del PSOE por Cádiz, Salvador de la Encina, ha presentado en el Congreso la iniciativa parlamentaria que se adjunta y en la que pide aclaraciones al Ministerio de Medio Ambiente sobre este caso y solicita la personación en la causa del Abogado del Estado que represente al citado Ministerio.