El PSOE de Cádiz ha apoyado esta mañana la concentración que los emigrantes retornados de toda la provincia han protagonizado hoy a las puertas de la delegación provincial de Hacienda para protestar contra las sanciones que el Gobierno del PP les está imponiendo por declaraciones que se les está exigiendo con carácter retroactivo desde 2008, y a los que se suman intereses de demora por las pensiones que perciben de los diferentes países en los que trabajaron.

Junto a la secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva Regional, Isabel Armario, han acudido a dicha concentración la nueva secretaria de Organización de la Ejecutiva provincial, Araceli Maese, y la secretaria de Salud y Consumo, María Jesús Castro, el secretario general del PSOE de Trebujena, Miguel Guerra, concejales de Arcos y de toda la Sierra, así como otros cargos institucionales como el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, que ha querido acompañar en el autobús a los emigrantes retornados de su pueblo, compartiendo las experiencias y relatos de las vicisitudes que han pasado durante su etapa laboral en el extranjero. “Han estado en Alemania, Francia hasta Groenlandia nos han contado, y muchos tienen miedo, porque los están amenazando con el embargo de sus cuentas, con toda la merma que ya están sufriendo las pensiones en nuestro país”, ha declarado el alcalde de Sanlúcar a los medios presentes, a los que ha anunciado una moción de apoyo en el ayuntamiento de su localidad, donde podrían verse afectados por el problema más de 3.000 sanluqueños a los que ha brindado su apoyo.

Precisamente, hoy en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista está presentando una proposición de Ley a través de la cual los socialistas proponen al Ejecutivo de Rajoy que estos pensionistas puedan regularizar su situación, sin sanciones, sin recargos, sin intereses de demora y que se le devuelva el dinero a los que ya hayan pagado por estos conceptos. El PSOE propone que la situación de este colectivo de ex trabajadores- afectados por una directriz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en el año 2006 obligó a los países a legislar para que tributen donde residen- pueda regularizar los años no prescritos en la declaración de la renta de 2013, o sea el año próximo, pero siempre sin multas, ni recargos, ni intereses de demora y con la ayuda de préstamos ICO, si hiciera falta para los casos más acuciantes en que se pone en peligro su modesta economía.

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese ha exigido al Gobierno que “deje de tratar a estos trabajadores como delincuentes o defraudadores cuando han levantado el país y aún hoy siguen siendo el sustento de muchas familias azotadas por la crisis”. Maese ha querido dejar claro que “aunque la Ley fue aprobada en 2006 en todos los países a instancia de la OCDE, ha sido el PP quien la ha aplicado de la manera más perjudicial para los afectados y aunque se nos haya señalado por aprobarse en un Gobierno socialista, no es menos cierto que durante todos los años de Gobierno del PSOE de 2006 a 2011 jamás se les molestó, jamás se abrió un expediente para comprobar a emigrantes retornados”. “Ha sido el PP el que ha decidido abrir esos expedientes, sin tener miramiento alguno sobre el colectivo que estamos hablando y como siempre afectando a los más débiles”, ha apuntado.