La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Isabel Armario, ha exigido hoy al PP de Cádiz que “ofrezca las explicaciones oportunas que los gaditanos están esperando” sobre los apuntes contables de 30.000 y 6.000 euros a nombre de Teófila Martínez y Aurelio Romero, respectivamente, que el ex tesorero Luis Bárcenas anotó en su contabilidad, publicada por el diario El País e investigada por la Justicia. Armario realiza esta petición después de conocer que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha retirado la demanda contra el periódico y por eso, pregunta a la alcaldesa de Cádiz y diputada en el Congreso, Teófila Martínez, así como al actual tesorero del PP de Cádiz y de Andalucía, Aurelio Romero, “si aún persisten en las demandas que en su día anunciaron y de las que no sabemos nada”.

Armario insiste en que el PP tiene que dar muchas explicaciones a la ciudadanía, no sólo por este asunto del dinero en B que siempre se ha manejado en el PP, sino también por los sobresueldos que cobraban “por tradición”, los dirigentes del PP para “compensar su nivel retributivo”, como ha declarado hoy Bárcenas ante el juez. Así, recuerda que el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, tal y como han recogido distintos medios de comunicación sobre las cuentas del PP-A enviadas al juez Ruz, en su etapa como secretario general del PP-A tenía asignado un sobresueldo de unos 800 euros al mes (9.617,65 euros al año).

“Por mucho que Antonio Sanz haya defendido el merecimiento de estas cantidades, una retribución fija extraordinaria y al margen de las altas remuneraciones que ya cobraba como cargo público, moralmente en plena crisis la ciudadanía no puede entenderlo, y encima no ha hecho la prueba del algodón, que es enseñar públicamente la declaración de la renta de ese año, lo que sería un gran gesto de transparencia pública que disiparía cualquier duda”, ha manifestado.

Del mismo modo, Armario recuerda que el PP en Chiclana también se ha visto envuelto recientemente en un caso de corrupción, tras la denuncia de un empresario de la localidad sobre una presunta financiación irregular en las últimas elecciones municipales. La dirigente socialista asegura que el PSOE está estudiando la posibilidad de ejercer acciones judiciales por la vía civil ya que, aunque el juez no considera la apertura del proceso penal, si recogía en su auto que “hay una sospecha general de ilegalidad y ciertos indicios fundados de pagos recibidos por responsables del PP de esta ciudad, al margen de los controles y requisitos legalmente establecidos”.

En consecuencia, la secretaria de Organización ha anunciado que el PSOE hará lo que el propio juez recomendaba en el auto y es dirigirse al Tribunal de Cuentas para que resuelva y según dictamine, pueda acordarse la reapertura de las actuaciones, actualmente sobreseídas pero no archivadas. Armario alude al comunicado de prensa que Joaquín Garat envió el mismo día que se sobreseía el caso y donde se reafirmaba en sus acusaciones: “Financié al PP de Chiclana y ellos se comprometieron en ayudarme en mis asuntos municipales”. “El PP de Cádiz tiene que dar muchas explicaciones sobre asuntos políticos poco decorosos que afectan al funcionamiento de su organización desde arriba a abajo, desde Madrid hasta nuestra provincia”, ha apostillado.