El presidente del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios ha exigido hoy a los concejales de distintos Gobiernos municipales de Teófila Martínez, tales como Enrique García-Agulló, Fernando Sicre e Ignacio Romaní, que colaboren con la Justicia y cuenten en el juzgado todo lo que sepan sobre la empresa Quality Food. “Básicamente tendrán que ratificar su desconocimiento sobre lo que el delegado especial Miguel Osuna decidía sobre Quality Food ya que es una obviedad que éste nunca comunicó, informó o comentó en un Comité Ejecutivo ni en un Pleno del Consorcio nada relativo a las Juntas Generales de Quality y Corporación Alimentaria del año 2003 en que se consumaron los delitos de malversación de fondos públicos que se le imputan”, ha señalado.

Recuerda que una ex directiva de Quality Food alertó por carta a Teófila Martínez y a Miguel Osuna de las irregularidades y ambos decidieron no tomar cartas en el asunto destacando la flagrante dejación de funciones que cometieron ya que de haber actuado podrían haber evitado la quiebra que se produjo en el Consorcio.

El dirigente del PSOE de Cádiz lamenta que la imagen del Consorcio de la Zona Franca vuelva a verse manchada por este caso cuando ya ha quedado lastrada por el fisaco de Rilco y advierte de que “el PP no aprende del pasado pues en la actualidad en las empresas del Consorcio está cometiendo los mismos excesos que se cometieron con la empresa de catering donde ya en su día denunciamos una masiva contratación de personas afines al PP, además de contratos adjudicados a empresas privadas vinculadas a cargos públicos del PP”.

Del mismo modo, también señala que Osuna esta vez no tiene coartada, no puede echarle la culpa a los abogados del Estado como ha hecho con el caso Rilco porque jamás hubo un abogado del Estado en Quality ni Corporación Alimentaria de forma que difícilmente podrían haber advertido a Osuna de la ilegalidad de lo que hacía. “La abogacía del Estado es un órgano de asesoramiento y es el Comité Ejecutivo el que debe aprobar las propuestas del Delegado o confiar en lo que éste les trasmite y los acuerdos del comité ejecutivo los fiscaliza el Pleno del Consorcio, pero tanto el control del Comité como la fiscalización del Consorcio valen de poco si se les suministra información falsa o manipulada que es lo que ha ocurrido en este nuevo caso de irregularidades del PP en sede judicial”.

“Osuna debe explicar por qué retiró 2,3 millones de euros de las cuentas bancarias de la sociedad antes de abonar las acciones y cómo permitió que todas las operaciones de salvamento de la empresa alimentaria provocaran un quebranto de 30 millones de euros a las arcas públicas”, ha destacado.

Atendiendo a lo que ha trascendido de la instrucción del caso, Jiménez Barrios subraya que “nadie puede creerse que Osuna fuese tan cándido como para creer que Quality en 2008 iba a convertirse en una empresa que tras un plan de expansión por Galicia, Cataluña, Baleares y Portugal absolutamente irrealizable, iba a facturar 77 millones de euros cuando el 23 de diciembre estaba en suspensión de pagos”. “A pesar de esta quimera, Osuna y su jefe de gabinete, el señor Fedriani, aprobaron que las valoraciones de la empresa se hicieran teniendo en cuenta los incrementos de facturación previsto en ese plan irreal, lo que fue un auténtico suicidio para el Consorcio”, ha señalado.

“El PP es el partido de la corrupción porque no sabe atajar cualquier atisbo de irregularidades que se produce en el seno de su formación o en su gestión, aún estamos esperando que en la provincia de Cádiz ofrezcan explicaciones, pidan perdón y asuman responsabilidades por los escándalos que han sacudido al ente provincial como sucede con la gravedad de la delicada situación política del presidente del Gobierno ante el caso Bárcenas”, ha manifestado.