El Grupo Socialista en la Diputación llevará al próximo Pleno una moción en la que solicita un plan de empleo con cargo al superávit de las cuentas de 2013 de la institución provincial. La portavoz socialista, Irene García, ha explicado que el real decreto aprobado el 5 de marzo para la modificación de la Ley reguladora de las haciendas locales introduce ahora una disposición adicional que establece que diputaciones y ayuntamientos podrán destinar su superávit a afrontar determinadas inversiones. “En una provincia donde se corre el riesgo de convertir el problema estructural del desempleo en una amenaza de la cohesión social, esperamos un gesto de responsabilidad y obtener el respaldo del PP a nuestra propuesta”, ha reclamado.

En su propuesta y aunque aún no se conoce la liquidación del ejercicio 2013, los socialistas piden que ese remanente que pueda existir (en la anualidad anterior fue de 16 millones de euros), se destine a un plan extraordinario de conservación de caminos públicos en el medio rural y a un plan extraordinario de empleo municipal para desempleados de larga duración y familias en riesgo de exclusión social.

García ha defendido la gestión de la Junta de Andalucía que ha movilizado en los presupuestos de este año en la provincia más de 300 millones de euros para tratar de paliar esa tasa de paro que supera el 40 por ciento, según la Encuesta de Población Activa. “Una gestión en una situación extremadamente difícil como consecuencia de los recortes que el Gobierno de Mariano Rajoy viene reiterando en las transferencias que deben servir para financiar las políticas activas de empleo en esta tierra, dentro de una actitud general de intentar una auténtica asfixia financiera sobre el Ejecutivo de Susana Díaz”, ha recalcado para respaldar las actuaciones que el Gobierno andaluz está acometiendo y que en esta provincia se traduce en “un diseño estratégico que pasa por el desarrollo nuevos suelos productivos (ampliación de la Zona Franca de Cádiz a Las Aletas y la antigua Delphi) y la consolidación de otros (el Parque Tecnobahía, al Parque Agroalimentario de Jerez y a la Zona de Acción Logística del Campo de Gibraltar); el impulso de los puertos de la Bahía de Cádiz y de la Bahía de Algeciras como motores logísticos de la provincia; el refuerzo de las acciones de mejora de sectores industriales clave, como los astilleros y la aeronáutica; y la ampliación de la potencialidad del negocio turístico más allá de su temporada alta”.

La secretaria general sostiene que estos esfuerzos del Ejecutivo andaluz han de venir acompañados de una movilización de recursos de otras administraciones como el Gobierno que debería poner en marcha el plan especial de empleo que ha otorgado a otras comunidades con menores tasas de paro y sobre todo, por parte de la Diputación. Sobre ésta última, ha dicho que las únicas actuaciones del Gobierno provincial en torno al empleo han sido: la eliminación de un modelo que venía funcionando bajo el anterior Gobierno socialista que permitía que las localidades de la provincia contaran con un mecanismo de inversión y de generación de empleo en función de su población y número de desempleados; la sucesiva presentación de casi una docena de supuestos planes que no han tenido resultado en la reactivación económica ni en la creación de puestos de trabajo; una falsa consignación presupuestaria en las cuentas para el año 2012, de dos millones de euros para un plan de empleo que no llegó a materializarse porque esa dotación económica se subordinó a la venta de unos inmuebles que nunca llegó a ejecutarse y por último, una única iniciativa, presentada en noviembre de 2012 y que, a día de hoy, no ha llegado a echar a andar, dirigida a los desempleados de esta provincia; una única iniciativa que se limitará a una serie de cursos de formación becados, que no traerá consigo contrataciones, altas en la seguridad social ni derecho a percibir posteriormente el desempleo.

Junto al plan de empleo, la portavoz del Grupo Socialista ha subrayado que “todas las propuestas socialistas al Pleno tendrán una motivación de carácter económico y social como la necesidad de amparar a un sector clave en nuestro tejido económico como es la agricultura, mediante la protección de la producción de tomate y de otros productos hortícolas de la provincia frente a las importaciones de Marruecos, que no cumplen los controles ni los contingentes del acuerdo suscrito en 2012 entre ese país y la Unión Europea; la urgencia en modificar el sistema de tarifas eléctricas aplicado a los regadíos como consecuencia de la reforma del mercado energético impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy y que provocará solo en este año unas pérdidas superiores a los dos millones de euros a los agricultores de la provincia, así como la exigencia de poner en marcha una estrategia contra la pobreza energética, que impida que miles de personas y de familias gaditanas enteras caigan en una brecha económica que les impida atender sus necesidades más básicas en torno a los suministros de luz y agua.

Irene García ha lamentado que el nuevo líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, “para limpiar la imagen del partido que niega constantemente un plan de empleo a Andalucía, haya anunciado a los cuatro vientos la llegada de fondos europeos para la creación de empleo juvenil, actuando de mera correa de trasmisión de los mensajes del Gobierno, pero no se haya alineado con los verdaderos problemas de esta provincia como el plan especial de empleo, la carga de trabajo para los astilleros y pedir más inversiones en infraestructuras ferroviarias”. En este punto, ha criticado que “de nuevo el ministerio de Fomento potencia el tramo levantino en detrimento a la línea Algeciras Bobadilla que conecta uno de los puertos más importantes de España con Europa”. “Se vuelve a la propaganda fácil, a los fuegos artificiales pero seguimos sin saber cuál es la receta del PP para atajar el problema de desempleo en la provincia”, ha apuntado para recriminar a los populares de la Diputación que, “en su afán por confrontar con la Junta”, lleven a pleno una propuesta para exigir un nuevo decreto contra la exclusión social cuando “lo han criticado hasta la saciedad e incluso han rechazado en los plenos de los ayuntamientos donde gobierna complementar esas cantidades con fondos municipales para ampliar las posibilidades de contratación de desempleados”.