El secretario de Política Institucional, Rafa Márquez, ha defendido hoy la apuesta de la Junta por socorrer a las familias que han quedado en una situación límite como consecuencia de la crisis. Así, ha destacado que el programa de Ingreso Mínimo de Solidaridad de la Junta benefició a un total de 8.998 familias gaditanas en 2013, un año en el que el Gobierno andaluz aprobó el 71 por ciento de las solicitudes presentadas. El montante económico destinado a esta finalidad ascendió a 18,6 millones de euros y las previsiones para 2014 apuntan a un aumento de la inversión hasta alcanzar los 23 millones de euros, ha explicado Rafa Márquez que al mismo tiempo ha precisado que el número medio de integrantes de la unidad familiar demandante es, de media, de 2,8 personas de manera que la ayuda de la Junta se extiende a cerca de 25.200 gaditanos y gaditanas.

El dirigente socialista ha apuntado que “existe un compromiso de la Junta para destinar el ahorro del 5% reducido en el concierto con Pascual a políticas sociales; y, muy especialmente, a medidas para atender situaciones de emergencia, entre las que destaca el programa de Ingreso Mínimo de Solidaridad, más conocido como salario social. En consecuencia, ha subrayado que “la Junta va a disponer del orden de 9.340.000 euros (más de 1.550 millones de pesetas) adicionales para reforzar sus actuaciones para proteger a las familias que están más expuestas a los rigores de la crisis”.

Rafa Márquez ha señalado que “a finales del pasado mes de enero, la Junta de Andalucía, a través de la Comisión de Valoración del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, dio luz verde a 1.282 nuevas solicitudes de cobro del Ingreso Mínimo de Solidaridad, por un importe total de 2,7 millones de euros”. “La aprobación de estos nuevos beneficiarios del salario social se repartieron entre todas las localidades de la provincia, y entre los municipios con mayor número de solicitudes admitidas destacaron Jerez (con 353), Chiclana (158), San Fernando (89), Algeciras (88), El Puerto (80), Cádiz (66), La Línea (60), Arcos de la Frontera (45), Puerto Real (36), Sanlúcar (34), San Roque (31) y Barbate (27)”, ha detallado.

Al mismo tiempo, el responsable de Política Institucional ha advertido de que “la tramitación de estos expedientes continúa siendo una apuesta de la Junta a pesar de los recortes realizados por el Gobierno de España en políticas sociales”. Y en este sentido, ha anunciado que “a lo largo de 2014, la Junta va a destinar alrededor de 174 millones de euros a poner en marcha acciones de cobertura social para la población gaditana (dependencia, salario social, gratuidad de los libros de texto, transporte escolar, comedores, etc.)”.

“El gran objetivo es trabajar por erradicar las causas de la exclusión social pese a la insuficiencia de recursos económicos y a la presencia de múltiples problemas de origen social, en un momento en que el Gobierno de la Nación del PP busca la asfixia económica de Andalucía”, ha puntualizado.

Con todo, el dirigente socialista ha acusado al presidente provincial del PP, Antonio Sanz, de manipular las cifras y mentir, ya que según la información facilitada a los medios por el PP, el número de beneficiados del programa se reducía a 4.581 gaditanos y gaditanas. “Las cifras del PP no son ciertas. Además, las 8.998 familias gaditanas beneficiarias del salario social en 2013 han cobrado ya todas las ayudas, que suman en total 18,6 millones de euros. De hecho, en los últimos tres años han sido 17.696 familias de la provincia las que se han beneficiado del salario social”, ha aseverado.

En otro orden de asuntos, Márquez se ha pronunciado respecto a la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz sobre la supuesta existencia de cajas B del PP en todas las provincias pidiendo explicaciones al presidente provincial, Antonio Sanz.  Márquez ha preguntado directamente a Sanz si ha existido o existe una ‘caja B’ en la provincia de Cádiz y al mismo tiempo ha señalado que “si existiera el dirigente ‘popular’ debe aclarar de dónde proviene ese dinero y para qué se le ha dado al PP y si se ha declarado”.

Ha insistido en que “se trata de un asunto de enorme preocupación porque significa que el PP está al borde de la ilegalidad” y, por ello, demanda a Sanz que “aclare de manera inmediata si Bárcenas dice la verdad”. La exigencia de explicaciones por parte del dirigente socialista también se ha extendido a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, recordando “que aparecía como perceptora en la contabilidad que ha salido publicada y está investigándose en la Audiencia Nacional”. Márquez quiere saber “si ella o cualquier otro miembro del PP en la provincia han cobrado alguna cantidad”. “De las informaciones que se van conociendo, se desprende que el PP lleva toda la vida financiándose ilegalmente”, ha censurado para asegurar que, según lo declarado por Bárcenas, “el PP pagaba siempre en negro parte de las campañas electorales y tenía un sistema de financiación en B perfectamente organizado y conocido por sus Secretarios Generales y Presidentes”. “En todas las provincias y regiones se llevaba una caja B para las elecciones lo que quiere decir que el PP tenía 50 cajas B, una por provincia, que eran revisadas por los Secretarios Generales y presidentes”, de ahí que el dirigente socialista gaditano pregunte directamente a Antonio Sanz “qué sabe de todo esto y si comparte ese modelo de partido”.

En otro orden de asuntos, Márquez ha lamentado que el PP votara en el Parlamento andaluz en contra de la proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista para liberar el peaje de la AP-4 entre Cádiz y Sevilla, pese a contar con un “amplio consenso social y de los agentes sociales y económicos por ser una cuestión fundamental para el progreso de la provincia”.

Márquez ha comparado “los 300 millones que costaría liberar el peaje en la provincia con la inversión de 4.000 millones de euros  que el Gobierno de Rajoy ha realizado para liberar autopistas en otros puntos de España, concretamente en la Comunidad de Madrid”, lamentando que “la provincia de Cádiz resulta otra vez castigada pese a la grave situación económica y las cifras de desempleo que padece y que requieren sin más dilación de medidas excepcionales y de una mayor atención por parte del Gobierno como podía ser esta propuesta de liberar el peaje que asfixia a la provincia”.

Por último, ha lamentado ese voto contrario del PP a la liberación del peaje lo que demuestra que “una vez más, el PP da la espalda a la provincia de Cádiz y se pone en contra de la reactivación económica de Cádiz”.