El candidato socialista y la consejera de Obras Públicas explican a vecinos del diseminado conileño las bondades del decreto que permitirá la regularización de viviendas ilegales
El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Luis Pizarro, ha participado junto con la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruiz, en un acto con vecinos de Conil. En el acto, desarrollado en la Asociación de Vecinos Campo de Conil, han participado también la portavoz municipal del PSOE, Eva Leal, y el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo. El encuentro ha servido especialmente para profundizar en la nueva normativa aprobada por la Junta de Andalucía que abre la puerta a la legalización o regularización de numerosas viviendas construidas al margen del ordenamiento urbanístico, una situación que está especialmente generalizada en diseminados como el de Conil.
Instantes antes de comenzar el encuentro con los vecinos, y a preguntas de los informadores, Luis Pizarro ha hecho un llamamiento al voto útil, un mensaje de especial trascendencia en un municipio que es uno de los feudos de Izquierda Unida en la provincia. “El día 25, la utilidad del voto de izquierda es para el PSOE. Tengo muchísimo respeto a IU, muchísimo respeto a los dirigentes de IU y una buena relación con algunos de ellos; pero ahora de lo que se trata es de apostar por un partido que pueda conseguir un gobierno de mayoría, que frene este espacio político conservador de un partido de gobierno que tantos quebraderos de cabeza y tantos problemas nos está creando a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía en el poco tiempo que lleva gobernando”, ha dicho.
El candidato socialista ha destacado que el PSOE es la única opción frente a “la intranquilidad y la inseguridad” que el Gobierno del PP está extendiendo por amplias capas de la sociedad, ya sea “con la reforma laboral, con la subida de impuestos que ha tocado las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras, y con la preocupación que se está instalando en muchos sectores acerca de qué puede pasar a partir del día 25 con la educación pública, con la sanidad pública y con la Ley de Dependencia”. Y en este mismo sentido ha añadido que “quien garantiza esas políticas sociales y frenar esta derecha neoliberal y conservadora para evitar que siga poniendo en marcha todas esas medidas en contra de la clase trabajadora y de la sociedad es el PSOE. IU, con todos mis respetos, no es alternativa de gobierno a Javier Arenas”.
“Aquí se trata del PP o del Partido Socialista. Diego Valderas no va a ser presidente de la Junta de Andalucía porque no va a ser apoyado por la mayoría de los ciudadanos. Aquí hay dos opciones: el PP, que representa la derecha más conservadora de España; o el PSOE. Arenas o Griñán. Y lo que vamos a pedir hoy a los ciudadanos de El Colorado es que apoyen al PSOE porque esa es la garantía de que Griñán siga siendo presidente de Andalucía a partir del 25 de marzo”.
Pizarro ha destacado asimismo la importancia de la nueva normativa autonómica en materia de regularización de viviendas ilegales, que ha sido abordada durante la reunión. “Se trata de un decreto que resuelve de una manera positiva una situación que afecta a miles de familias, que han invertido todos sus ahorros y todo su patrimonio en esas viviendas. El decreto no trae la solución al cien por cien de los problemas, pero sí a una parte de ellos. Fundamentalmente por la garantía y la tranquilidad que le dará a esos vecinos que van a tener una seguridad de tener su vivienda como un patrimonio real del que van a poder disponer, sin la inseguridad que vivían hasta ahora”, ha dicho. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, se ha referido a esa nueva normativa y ha destacado su trascendencia para la “legalización o regularización de muchas de las viviendas construidas ilegalmente hace años y que hoy están consolidadas”. Cruz ha coincidido con Pizarro en la importancia de que sus propietarios “ganen en tranquilidad y en seguridad, por ejemplo en cuanto a la transmisión de estas viviendas”, una trascendencia que fue entendida por el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien ya adelantó en el discurso del estado de la comunidad del pasado julio la próxima aprobación de este decreto que finalmente vio la luz hace ahora dos meses.
Josefina Cruz ha señalado que el de las viviendas ilegales es “un problema bastante extendido en Andalucía. Con características distintas, está bastante extendido por Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería… En casi todas las provincias se han levantado viviendas al margen de la legalidad urbanística, ha sido una realidad en los últimos años. Ahora ya no sucede porque hay una legalidad urbanística que los vecinos respetan, pero hay una realidad a la que hay que dar respuesta”.
“No es un tema fácil que se resuelva en un par de meses porque es un tema heredado y acumulado de años”, ha dicho la consejera, quien ha recordado que la nueva normativa se refiere a aquellas “viviendas levantadas en suelo no urbanizable, donde legalmente no se podían levantar”. La sucesiva construcción de estas viviendas provocó serios problemas de equipamientos, servicios e infraestructuras, ya que la planificación de estas infraestructuras no tuvo en cuenta este fenómeno. “Se generaban problemas de abastecimiento de agua, de recogida de residuos, incluso de carreteras”, ha señalado Josefina Cruz, quien ha explicado que “ahora se trata de dar cobertura y servicios de los que carecen este tipo de viviendas”, lo que hace precisa la implicación de los propietarios, “en la misma medida que en la ciudad que crece legalmente son los vecinos quienes pagaron los equipamientos y los servicios”.
De ahí la necesidad de “llevar al convencimiento de los vecinos que tiene que ser así, porque van a ganar en seguridad”, una circunstancia especialmente interesante si se tiene en cuenta que “la gran mayoría de las viviendas ilegales son hoy de primera residencia, Muchas o algunas de ellas se levantaron hace tiempo como de segunda residencia, pero han acabado siendo de primera. Y eso ha generado una presión sobre las infraestructuras que no estaba inicialmente prevista”.
Conil, 12 de marzo de 2012