García advierte que, de seguir adelante la propuesta del CPFF, la Junta tendría que cerrar hospitales en la provincia y la mitad de los colegios    

La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha denunciado que el nuevo recorte que el Gobierno de Rajoy quiere imponer a través de la propuesta realizada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre el techo de gasto de las Comunidades Autónomas, restaría a la provincia de Cádiz más de 300 millones de euros de inversión. Irene García ha advertido de que si sigue adelante el hostigamiento fiscal orquestado por el ministro andaluz, Cristóbal Montoro, la Junta de Andalucía se vería forzada a cerrar algunos hospitales, la mitad de los colegios, así como tendría que reducir drásticamente la plantilla de empleados públicos de la provincia de Cádiz. Es lo que advirtió- apunta García- la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, cuando se levantó de la Mesa en el CPFF: “Con esas cifras es imposible plantear un presupuesto”.    

“El Gobierno del PP premia a las comunidades que tienen mayor deuda, como Cataluña, Valencia o Castilla la Mancha, y penaliza a comunidades que han tenido un comportamiento más responsable con su deuda, como es el caso de Andalucía”, ha criticado García al tiempo que  reprocha que “la medida del PP no tiene ningún sentido, es claramente discriminatoria con Andalucía y persigue provocar un grave daño mediante la asfixia económica”.

La lectura de lo que está pasando es más grave aún, como ya han manifestado los sindicatos que hablan de “golpe al Estado de las autonomías”, unas críticas a las que se suma la dirigente socialista gaditana que cree que “el PP quiere conseguir, mediante la imposición y amenazando con el artículo 155 de la Constitución y la intervención sobre Andalucía, lo que no consiguió en las urnas el 25-M”.

Irene García aprovecha para pedir a la parlamentaria gaditana, Carmen Pedemonte, “que deje de hacer demagogia con las escuelas infantiles por los impagos de la Junta” y le pida a su partido “un ejercicio de responsabilidad” porque esa situación de impago que ya está solucionando la Junta, podría verse empeorada, si Rajoy sigue adelante con su estrategia de asfixia económica sobre Andalucía”.   

En este sentido, critica duramente que sus compañeros del PP en Sevilla se hayan aprestado a proponer que el Estado asuma las competencias en sanidad y educación. “Lo hacen porque saben que el PSOE de Andalucía nunca privatizará la igualdad de los andaluces”, ha remarcado la secretaria general que considera que “con ese ofrecimiento el PP se quita la careta, traicionando el espíritu del 28-F, porque lo que pretende es abrir de par en par la puerta a la privatización y a la desigualdad, instaurando una ciudadanía de segunda clase”.

Irene García advierte de que “los socialistas de Cádiz se sumarán a la defensa de los derechos de Andalucía y si se puede conseguir mediante el diálogo y la negociación, mejor, pero si no es así, plantearemos un combate democrático pacífico, cívico, como sabemos hacer las cosas los andaluces, diciéndole a esta derecha por ahí no vamos a pasar”. En este punto, considera lógico que Griñán vaya a estudiar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC).

La dirigente socialista reitera que “la decisión de Rajoy, carente de toda lógica y racionalidad, de modificar radicalmente la capacidad de endeudamiento de Andalucía es un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas andaluces”. “Maltratan a Andalucía por no doblegarse a la disciplina del recorte indiscriminado de derechos; por negarse a criminalizar a trabajadores, empleados públicos, desempleados, estudiantes, enfermos, dependientes o mujeres; por defender el Estado del Bienestar frente al tijeretazo ideológico”, señala.

Frente a la excusa de Rajoy de que no hay alternativa y bajo la que el PP pretende desmantelar el Estado del Bienestar, Irene García defiende el modelo de Griñán. “Con su propuesta, el PP agrede la dignidad y la autonomía de Andalucía y lanza un falso y confuso mensaje a la ciudadanía: que no hay alternativa. Pero sí hay una alternativa, la marcada por el PSOE en Andalucía en defensa de los derechos recogidos en el Estatuto, ratificado en 2007 en referéndum por los andaluces y las andaluzas. Hay alternativas que no pasan por incendiar el sistema público de sanidad y educación, o por hacer de la discriminación una herramienta de gobierno”, ha explicado.

Cádiz, 3 de agosto de 2012