La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado que las mujeres que viven en el medio rural “se han convertido en un colectivo especialmente castigado por los recortes del Gobierno del PP, ya que están padeciendo por partida doble tanto los efectos de esa reducción de recursos económicos como el desmantelamiento de derechos sociales y ciudadanos que conlleva”. En coincidencia con la conmemoración hoy del Día de la Mujer Rural, la secretaria general ha destacado que “las consecuencias de la incansable tijera de Rajoy están siendo especialmente preocupantes en materia de igualdad, en un entorno en el que esa reivindicación histórica ha luchado con importantes reticencias”. Así, Irene García ha alertado de los perjuicios que se ha generado a las mujeres que viven en nuestro medio rural como consecuencia de “una reforma laboral que las penaliza de manera evidente y que les condena a una pérdida de derechos laborales alcanzados tras años de lucha, aumentando la desigualdad laboral respecto a los hombres y facilitando el despido femenino”. Al tiempo, ha alertado de los “efectos demoledores” que se derivarán de la reforma de las pensiones que entrará en vigor de manera inmediata. “Las pensiones más bajas se concentran en nuestros pueblos y en nuestras zonas rurales, por lo que el empobrecimiento al que se verán empujados los más de 192.000 pensionistas gaditanos, que verán cómo pierden más de un 20 por ciento de su poder adquisitivo en los próximos 10 años, se hará especialmente cruel en el caso de estas mujeres”, ha señalado. Pero esa situación de agravio permanente al que el Gobierno del PP somete a las mujeres del medio rural no solo afecta a las de mayor edad, sino que se extiende también a las más jóvenes e incluso a las niñas, “merced a una Ley Wert que consagra la desigualdad en el acceso a la educación universal, gratuita y de calidad, con lo que ahonda en la brecha formativa que durante tanto tiempo hipotecó el desarrollo social en nuestro campo y que parecía haberse superado hasta el momento en que se ha impuesto una norma tan regresiva”. “Además, las mujeres de nuestro medio rural están padeciendo los efectos de la crisis económica en toda su intensidad, porque la elevada tasa de desempleo en nuestros pueblos se está cebando especialmente con ellas”, ha dicho, para añadir que esa situación “se está agravando ante la falta de respuesta eficaz por parte de un Gobierno de la Diputación que ha rechazado en múltiples ocasiones la puesta en marcha de un plan de empleo para los pequeños municipios. Y ante el castigo permanente que el Ejecutivo de Rajoy mantiene sobre Andalucía, a quien ha reducido alarmantemente las transferencias para políticas activas de empleo mientras aprueba planes extraordinarios para generar puestos de trabajo en otras comunidades afines a su color político”. Frente a esta situación, Irene García ha destacado que el anterior Gobierno socialista no solo consolidó los derechos de ciudadanía del conjunto de la población, sino que prestó “especial atención” al colectivo de las mujeres rurales y aprobó importantes leyes en esta dirección que hoy han sido privadas de presupuesto o simplemente arrinconadas por parte del PP. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, que debía permitir acabar con una discriminación evidente de la mujer como sujeto de propiedad. La principal amenaza que actualmente se cierne sobre las mujeres del medio rural viene de la mano del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que pasado mañana empieza a debatirse en el Congreso de los Diputados. Según la secretaria general y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, se trata de una “reforma impuesta, que atenta contra la autonomía de los municipios y contra la calidad democrática en nuestros pueblos y ciudades, que resta legitimidad a los alcaldes y alcaldesas y pasa a concebir los servicios y las políticas básicas prestadas desde lo local con criterios meramente economicistas, acercándolos a su privatización y alejando en todo caso su prestación de la cotidianidad de la ciudadanía”. “La Reforma Local hurta a los ayuntamientos y a las entidades locales las competencias en igualdad y prevención de la violencia de género, imposibilitando a las corporaciones más pequeñas que ejerzan la promoción de la mujer por delegación de la Comunidad Autónoma y, en suma, complicando el diseño y aplicación de las políticas básicas en esta materia”, ha afirmado Irene García, quien ha hecho hincapié en la “seria inquietud” de los socialistas por el futuro de los centros municipales de información a la mujer, fruto de la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer con diferentes ayuntamientos. “En primer lugar, las políticas del PP se han venido traduciendo en una discriminación de la mujer con respecto al hombre. Y ahora ya asistimos a un nuevo paso, como es la marginación de las mujeres del medio rural respecto a las que viven en las grandes ciudades”, ha destacado Irene García, quien ha concluido señalando que “la Reforma Local va a establecer una nueva e inadmisible diferenciación entre ciudadanas de primera y de segunda clase, porque muchas mujeres de nuestro medio rural no podrán acceder a servicios que sí seguirán disfrutando quienes vivan en grandes ciudades”, ha concluido.