La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha lamentado que el PP haya aprovechado un encuentro de concejales celebrado ayer en Jerez para “hacer apología de una reforma local que es fruto de la imposición y que atenta contra la democracia en el plano municipal y contra la autonomía de los ayuntamientos”. Así, se ha referido a las palabras del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien defendió esa modificación del marco legal aludiendo a una supuesta mejora de la gestión de los consistorios “que no convence ni siquiera a buena parte de los alcaldes y alcaldesas del propio Partido Popular”.

“La reforma local que el PP quiere imponer ha generado un rechazo prácticamente unánime en el Congreso de los Diputados y ha levantado una corriente de oposición en el mismo seno de ese partido, porque responde exclusivamente a una voluntad de restar capacidad de actuación a nuestros municipios y porque tendrá enormes consecuencias desde el punto de vista social”, ha dicho Irene García, quien ha explicado que “la aplicación a los ayuntamientos de la tijera de Rajoy y de Montoro hará peligrar hasta 40.000 empleos solo en Andalucía, al tiempo que desmantelará los servicios sociales municipales ”.

La secretaria general ha asegurado que “por mucho que el PP y el señor Beteta utilicen machaconamente palabras como ‘racionalización’, ‘ahorro’ y ‘eficiencia’, lo auténticamente real es que la reforma local pretende reducir la capacidad de actuación de los ayuntamientos como instituciones más cercanas a la ciudadanía, hasta el punto de que el 89% de los consistorios andaluces verán afectadas sus competencias. La propaganda del PP no puede ocultar esta evidencia, ni tampoco que esta modificación del marco legal en el que se mueve el poder municipal presenta visos de inconstitucionalidad y que vulnera abiertamente el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

“Las repercusiones de la reforma local en Andalucía incluirán, junto a la pérdida de 40.000 empleos del sector público, la eliminación de unas cuatro mil plazas de residencias para mayores y la supresión del servicio de ayuda a domicilio para unos 97.000 andaluces y andaluzas”, ha afirmado, para hacer hincapié en que “los municipios de menos de 20.000 habitantes se verán empujados hacia su desaparición y quedarán sin competencias en materias como servicios sociales, igualdad, empleo, juventud, sanidad, educación, nuevas tecnologías e innovación”. Así, ha añadido que “esta mal llamada reforma local esconde una verdadera agresión al municipalismo. De ahí que ha concitado un grado de rechazo prácticamente desconocido en nuestro país”.

“Según los planes del propio Gobierno, el tijeretazo a los ayuntamientos que se deriva de esta reforma local asciende a 8.000 millones de euros. De ellos, casi 3.500 millones procederán de la supresión de servicios, justo cuando son más necesarios que nunca en un contexto de crisis económica que está golpeando a amplias capas de nuestra sociedad. Mientras, otros 2.500 millones de euros de ese brutal recorte vendrán de la mano de la eliminación de empresas públicas y de lo que el PP llama eufemísticamente ‘gestión integrada de servicios’, lo que provocará tanto una pérdida de calidad de las políticas que hoy desarrollan nuestros municipios como una masiva destrucción de empleos”, ha asegurado.

La secretaria general ha afirmado que “en lugar de escuchar las reclamaciones de miles de alcaldes y concejales que desde todos los rincones de España y desde todas las fuerzas políticas exigen que se dé marcha atrás a esta reforma y que se abra un proceso de diálogo para consensuar otra nacida de la participación y la negociación, el PP busca ficticias puestas en escena para mostrar una supuesta adhesión a esa reforma, como la vivida ayer en Jerez y en la que también se oyeron voces críticas en sus propias filas”. “Escuchar al señor Beteta destacando las inexistentes bondades de este atropello a la autonomía local supone un escándalo al nivel del que representa oír a Juan Ignacio Zoido tratando de culpar a la Junta de Andalucía de unos males de los municipios que tienen exclusivo origen en la decisiones de su partido y a Antonio Sanz justificando la reforma con el argumento de que garantizará la financiación de unos servicios que serán privatizados o que, simplemente, ya no serán prestados”, ha dicho.

Finalmente, Irene García se ha referido al secretario de Estado de Administraciones Públicas y a los presidentes provincial y regional del PP como “el tridente del Partido Popular contra los ayuntamientos gaditanos y andaluces”. Y ha explicado que “Antonio Beteta como brazo ejecutor de esa reforma, Antonio Sanz como ponente de la misma en el Senado y Juan Ignacio Zoido como cómplice silente en su doble condición de líder regional del PP y alcalde son los auténticos responsables de este verdadero atentado al municipalismo que herirá de muerte a nuestros consistorios, a la calidad democrática en nuestros municipios y a la propia pervivencia del poder local”.