Antonio Ávila, consejero de Economía y Empleo

El presidente de la Ejecutiva provincial y parlamentario andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha puesto de manifiesto hoy en el Parlamento andaluz que la imagen de la Bahía de Cádiz ha quedado lastrada por los casos judiciales de la Zona Franca tras el saqueo organizado por los dos delegados del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna de los fondos públicos del Consorcio que se materializó durante los ocho años de Gobierno de Aznar, desde el año 1996 hasta el 2004.

Jiménez Barrios ha interpelado esta mañana en sede parlamentaria al consejero de Economía, Antonio Ávila, para conocer la opinión del Gobierno andaluz sobre estos escándalos que salpican al PP, así como realizar una estimación del alcance y repercusión que ha tenido la corrupción detectada en el Consorcio a la hora de atraer futuras inversiones y proyectos empresariales.

Ávila ha asegurado que el Consorcio que mueve 300 millones al año y concentra 80 empresas, con 2500 empleos directos y 3000 indirectos, es un privilegio que no existe nada más que en Barcelona, Vigo y Canarias, pero en los últimos tiempos, todo este potencial de generación de riqueza se está deteriorando de una manera importante por la incertidumbre que generan los procesos judiciales en que se está viendo inmersa. El consejero ha advertido de que “esa incertidumbre puede ser la mayor amenaza en las decisiones económicas que pueda tener Zona Franca, y ésta, sin duda, debilita la marca Andalucía y la marca España”.

“Se ha perdido credibilidad de una institución que debería haber quedado aislada de la incompetencia, al igual que sus vallas aíslan a sus productos de los aranceles aduaneros. Un daño irreparable que no se recupera de un día para otro, ni de un año para otro, y donde el PP de Cádiz, con Antonio Sanz y Teófila Martínez, no está, para nada, a favor del esclarecimiento de la verdad en estos asuntos”, ha dicho.

Ha hecho un llamamiento porque “la Bahía y la provincia de Cádiz necesita la suma de esfuerzos y la cooperación de todas las administraciones” y a la repulsa de todos estos hechos que, “en nada, ayudan a trasladar una buena imagen de lo que es Zona Franca”. Asimismo, ha concluido: “Vaya por delante, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero el descrédito y la suciedad con la que se ha manchado la institución de la Zona Franca de Cádiz quizá no se limpien nunca”.

Por su parte, el dirigente socialista ha defendido el papel que el Consorcio de la Zona Franca juega para la dinamización y desarrollo de la economía local, si bien ha denunciado que “el PP esté utilizando la Zona Franca para pagar favores prestados como sucede con el fichaje de Cristóbal Cantos ex trabajador de Invercaria y que hoy figura al frente de la dirección financiera o la contratación del portavoz del PP en Lebrija en la empresa de servicios documentales”.

El parlamentario andaluz ha recriminado al PP además que “ahora se haya montado una nueva película y quieran vender una plataforma logística sin consignaciones presupuestarias cuando la realidad es que la situación no termina de arrancar porque se provocó en el Consorcio un agujero de más de 30 millones de euros hipotecando su futuro y toda capacidad de maniobra”.

Jiménez Barrios ha criticado “la doble vara de medir del PP que se escandaliza con que el presidente de Invercaria haya utilizado 25.000 euros en gastos de representación, viajes y comida, y no se inmutaron cuando Rodríguez de Castro se gastó cien millones de las antiguas pesetas más de lo presupuestado para esos conceptos, de las compras suntuosas que hacía para regalar, las 43 veces que se alojó en el hotel Ritz o la asistenta personal que le pagaba el Consorcio adonde iba un peluquero para acicalarlo”.

Ha responsabilizado al ex ministro Rodrigo Rato y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez de haber elegido a Rodríguez de Castro para cubrir ese puesto y ha exigio al PP que “se aplique las mismas medidas que pide a los demás ante un caso de corrupción tan claro y actúen con la misma contundencia con que se emplean hacia los demás ya que estamos hablando de que existe una sentencia del Tribunal de Cuentas que les obliga a devolver 4,3 millones de euros”.