El parlamentario socialista gaditano y portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, José Luis Blanco, ha mostrado su solidaridad y la de su grupo a las familias afectadas por las inundaciones en nuestra Comunidad Autónoma, a la vez que ha manifestado su apoyo y agradecimiento al personal de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) que ha regulado los caudales de desembalses de los pantanos que han completado su capacidad de embalse.
Igualmente, y al hilo de sus manifestaciones ayer en la comparecencia del consejero de Medio Ambiente sobre el cumplimiento de la Directiva Marco y la aplicación de la nueva ley del agua en Andalucía, el portavoz socialista ha acusado al PP, en la persona de su presidente Javier Arenas, de especializarse en aprovechar las desgracias en clave electoral, de intentar permanentemente pescar en río revuelto y de tirarse al barro de la manipulación política de las desgracias ajenas.
Es el caso, precisamente, de la campaña del PP en contra de la nueva Ley de Aguas que pretende abordar estos problemas; una campaña que pone de manifiesto un nuevo ataque al estado de las autonomías, demandando que la competencia sobre el agua vuelva a ser responsabilidad del Gobierno central; apuesta por la gestión privada del agua, un recurso público de interés general; alienta los enfrentamientos entre territorios cuando denuncia, faltando a la verdad, que las tasas cobradas en una ciudad financiaran las obras de otras; y miente cuando informa sobre la subida de impuestos, aportando cifras y porcentajes inventados para engañar a los ciudadanos. Y lo hace además con una campaña que incluye la presentación de mociones en los ayuntamientos en los que gobierna, en apoyo a la supuesta inconstitucionalidad de la propia ley.
El PP miente en su campaña porque el recibo subirá por debajo del 7% con la aplicación de la nueva Ley de Aguas, no un 400% como dice en sus anuncios publicitarios. No se establece un nuevo canon, porque ya se viene cobrando en muchos ayuntamientos de Andalucía, muchos de ellos gobernados por el PP. Lo que se hace es generalizarlo a todos los municipios para que todos los andaluces contribuyan de forma solidaria y homogénea. Se trata de un canon que está implantado en la mayor parte de las comunidades autónomas y, además, con mayor cuantía que la que se establece en Andalucía, la segunda más barata tras el País Vasco. Después de Andalucía (1,24 euros/vivienda/mes/ 10.000 litros), se situarían Valencia (3,42 euros), Madrid (4,22 euros), y Aragón (8,27 euros). De hecho, y como comparación significativa, el canon que se establece para Andalucía supone, para 10.000 litros de agua del grifo, un montante similar a lo que cuesta una garrafa de cinco litros de agua mineral envasada.
Los socialistas entendemos que el agua es un recurso público; como corresponde a un recurso natural limitado, escaso, frágil e imprescindible para el desarrollo económico, la creación de empleo y la calidad de vida. En suma, un elemento imprescindible para la vida. Por ello, la gestión del agua debe llevarse a cabo sobre la base de la participación y el compromiso social, tal y como se establece en la nueva ley aprobada el pasado mes de julio. El Consejo de Gobierno ha hecho una apuesta histórica por el consenso: firmando el Acuerdo Andaluz sobre el Agua con las organizaciones económicas y sociales y con los ayuntamientos, la nueva ley establece la obligatoriedad de crear las Comunidades de Usuarios, el Observatorio Andaluz del Agua y el Consejo Andaluz del Agua, órganos de participación en los que todos podrán aportar sus planteamientos.
Frente a esta concepción progresista, Javier Arenas se revela nostálgico de las viejas confederaciones hidrográficas, manifestando que antes se gestionaba mejor el agua, que con Franco vivíamos mejor, obviando que los técnicos responsables de los desembalses son los mismos y toman las decisiones fundadas en cuestiones técnicas y para evitar males mayores. A título de ejemplo de cómo la realidad desmonta las afirmaciones de los populares, el diputado socialista Blanco Romero ha puesto de manifiesto que, con la incorporación de las nuevas tecnologías a la gestión de los ríos es posible seguir en tiempo real a través de la pagina web de la AAA el manejo de los pantanos y los volúmenes desembalsado, así como las recargas que están recibiendo como consecuencia de las precipitaciones.
Además, José Luis Blanco ha señalado que el problema de la ubicación de viviendas en zonas inundables afecta a municipios gobernados por todos los partidos, exige soluciones difíciles de aplicar, por lo que es recomendable el compromiso de todos los partidos y la cooperación de las diferentes administraciones públicas. En relación con la sociedad civil, llama la atención la exigencia de algunos portavoces agrarios que exigen, cada vez que se produce una emergencia, la limpieza de los cauces, obviando que esta es consecuencia de determinadas prácticas agrícolas, que acentúan la erosión al invadir el dominio público, eliminando los bosques de ribera que actúan de freno para el arrastre de suelos que provocan las lluvias torrenciales.
Cádiz, 10 de diciembre de 2010
