Irene García, interviniendo en un Pleno de la Diputación

La secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha saludado el “tímido descenso” del paro registrado al cierre de 2013, el segundo más bajo de Andalucía y un dato que “no permite euforias a la hora de su valoración”. “Cualquier bajada del desempleo supone un alivio para las personas y las familias afectadas por la misma. Pero esos efectos puntuales no deben ocultar un panorama general que continúa siendo tremendamente preocupante”, ha dicho. “A pesar del descenso en 7.478 personas, 196.777 gaditanos y gaditanas continúan sin empleo, lo que supone que esas personas y sus respectivas familias siguen viviendo un auténtico drama. Si a ello se une, por ejemplo, que el ritmo de descenso en la provincia es menor al alcanzado en el conjunto de Andalucía, los motivos para el autoengaño se reducen en la misma proporción que aumenta la necesidad de articular respuestas que atiendan a la peculiaridad de nuestro mercado laboral”.

“Esa prudencia en la valoración de los datos debe convertirse además en toda una exigencia por lo que respecta a los dirigentes del PP, que no deben olvidar que el actual volumen de desempleados en nuestra provincia se sitúa aún muy lejos de los 185.202 con los que se cerró 2011, justo en el momento en que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa y cuando parecía que iba a acabar de un plumazo con el paro”, ha señalado. Y ha añadido que “desde entonces, buena parte de los derechos de los trabajadores se han quedado por el camino por obra y gracia de una reforma laboral que, además, ni siquiera se está mostrando eficaz para generar empleo”.

La secretaria general ha reclamado “la puesta en marcha de un plan especial de empleo para esta provincia, reiteradamente negado por el Gobierno de la Nación tras las enmiendas socialistas a los Presupuestos Generales del Estado y constantemente rechazado por el Gobierno de la Diputación, más empeñado en hacer oposición a la tarea fiscalizadora de los diputados y diputadas del PSOE que a atender a sus responsabilidades con los gaditanos y las gaditanas y con nuestros pueblos”. “El paro sigue siendo sin duda el principal problema de esta provincia. Y en él deben centrarse todos los esfuerzos de las Administraciones, desde el ámbito local al plano nacional”, ha explicado, para incidir en la necesidad de poner en marcha “una mesa institucional que dé respuesta, con compromisos concretos y con reflejo presupuestario”.

En esta línea, ha destacado que “de nada vale hablar, como hacen los dirigentes provinciales del PP con Antonio Sanz a la cabeza, de una hipotética preocupación por el desempleo si las palabras no van acompañadas de hechos: si se imposibilita el acceso de las empresas al principal instrumento de reindustrialización de la provincia, como son los fondos del Plan Reindus; si se mantiene la parálisis en infraestructuras de comunicación esenciales para nuestro desarrollo, como la modernización de la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras con los grandes ejes europeos; si no existe la voluntad de impulsar definitivamente el polígono de Las Aletas; y si el sector naval sigue languideciendo en medio de medias verdades y falsas promesas sobre futura carga de trabajo que no acaba de llegar”.

En este sentido, ha recordado que “el viento se lleva las buenas palabras y los discursos vacíos de contenido. Y lo que auténticamente quedan son los hechos, como los votos de los diputados y de los senadores del PP de Cádiz en contra de un plan especial de empleo para esta provincia y rechazando la posibilidad de que los astilleros de Navantia reciban actividad inmediata a través de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima; por no hablar de su silencio cómplice con los despiadados recortes en las transferencias necesarias para que la Junta de Andalucía pueda llevar a cabo las políticas activas de empleo que legalmente le corresponden y que cada año que pasa afrontan nuevos obstáculos por parte de un Gobierno sectario”.

Paralelamente, ha puesto de manifiesto el “nulo grado de implicación en esta materia por parte del Gobierno del PP en la Diputación”, toda vez que “a lo largo de estos dos años y medio de mandato, el presidente Loaiza ha venido rechazando sistemáticamente nuestra propuesta de que los pequeños pueblos puedan contar con un instrumento para contratar a aquellas personas situadas en riesgo de exclusión social, máxime en una provincia en la que más de 100.000 desempleados no reciben ya ninguna prestación económica. Por desgracia, los datos conocidos hoy representan una nueva exigencia para que tanto la Diputación como el Gobierno de la Nación abandonen definitivamente su afán partidista, den un giro a sus políticas y se impliquen de forma directa en el fomento del empleo en esta provincia”.

Irene García ha explicado que “las estadísticas oficiales siguen alertando del elevado peso de la precariedad y de la temporalidad a la que está sometido nuestro mercado laboral, ya que los contratos indefinidos solo supusieron el 3,54 por ciento de todos los firmados en la provincia a lo largo de 2013, cuando en el conjunto de España alcanzaron el 7,67 por ciento del total. Dicho de otra manera, el peso de las contrataciones indefinidas en la provincia ni siquiera alcanza la mitad de la media nacional”.

Otro de los motivos de preocupación destacados por Irene García es “el nuevo descenso del número de cotizantes a la Seguridad Social en nuestra provincia a lo largo del pasado año, cuando en toda Andalucía aumentó en casi 18.000 personas. Porque, tras una caída interanual de 2.443 personas y quedar en 317.516 afiliados a los distintos regímenes, nuevamente se pone en cuarentena cualquier exceso de optimismo en la interpretación de los datos oficiales”. Respecto a este último aspecto, ha llamado la atención sobre el descenso experimentado igualmente en el número de cotizantes a nivel nacional, cifrado en 85.041 afiliados menos, lo que puede incluso abrir nuevas incógnitas sobre el sostenimiento de nuestro sistema de pensiones, que ya ha sufrido un importante descalabro de la mano del Gobierno de Mariano Rajoy”.