El diputado Francisco González Cabaña ha exigido al Gobierno la prohibición  en la provincia de Cádiz de prospecciones y explotaciones de hidrocarburos no convencionales mediante fractura hidráulica, también conocida como fracking, a la vez que ha criticado las facilidades para la ejecución de estas prospecciones que el Gobierno del PP pretende introducir en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental.

González Cabaña ha detallado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de enmiendas a la nueva Ley de Evaluación Ambiental entre las que se ha incluido la prohibición de la técnica conocida como fracking hasta que no se tenga certeza de su verdadero impacto ambiental.

El diputado socialista ha denunciado que con el citado proyecto de ley, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que dirige una persona tan vinculada a la provincia de Cádiz como el ministro Miguel Arias Cañete, pretende convertir la evaluación ambiental “en un trámite vacío de contenido, porque para el Gobierno del PP la protección ambiental es un obstáculo para hacer negocios”.

El PSOE, por el contrario, aboga en sus enmiendas por “la inclusión sistemática de la evaluación de los impactos en el subsuelo, incluidos los sísmicos en la evaluación de proyectos, cuando la naturaleza del proyecto lo requiera, como ocurre con el conocido como el proyecto Castor”.

En opinión de González Cabaña, “el Gobierno del PP ha autorizado en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental la técnica del fracking por la puerta de atrás y sin explicar cuáles son sus riesgos mientras que en países como Francia se acaba de prohibir por desconocer sus consecuencias”.

El diputado socialista ha lamentado que el Gobierno “está castigando el desarrollo de las energías renovables y, por el contrario, está allanando el camino a la explotación de gas con fracking”, unas facilidades que González Cabaña contrapone a la postura que ha adoptado recientemente el Parlamento de Andalucía en la que se insta al Ejecutivo andaluz a dejar sin efecto, en su caso, todas las autorizaciones concedidas por la Junta para la realización de estudios prospectivos mediante esta técnica”.

González Cabaña ha señalado como ejemplo de las facilidades que el Gobierno está dando para las prospecciones mediante la técnica del fracking, la resolución del Ministerio de Industria, publicada en el BOE del pasado 11 de febrero, en la que se autoriza la concentración de trabajos e inversiones entre los permisos de investigación de hidrocarburos “Ruedalabola” y “Tesorillo”, contemplados en dos parcelas que abarcan 82.000 hectáreas de superficie que se extiende por los Parques Naturales de Los Alcornocales, La Breña y el Estrecho de Gibraltar a través de los términos municipales de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Medina Sidonia, Vejer, Barbate, Los Barrios y Tarifa.

El parlamentario socialista ha detallado que con la resolución del pasado mes de febrero, el Ministerio de Industria ha adelantado los plazos para que la empresa que tiene los permisos pueda realizar perforaciones de sondeos.

González Cabaña ha recordado que los permisos de investigación de hidrocarburos aprobados en el año 2010 en estas dos zonas de la provincia de Cádiz conferían a su titular el derecho para investigar la existencia de hidrocarburos en el área otorgada, pero no suponían una autorización automática de ningún tipo de trabajo; es decir, un permiso de investigación no es un permiso de explotación de los potenciales yacimientos. Además, la concesión de aquellos permisos establecía que, con carácter previo a la ejecución de cada trabajo de prospección, se debería obtener la correspondiente autorización administrativa tras someterse al procedimiento medioambiental pertinente.

“Desde el PSOE entendemos que, ante la alarma social que se ha creado en los últimos meses, se debe prohibir la técnica conocida como fracking hasta que no se tenga certeza de su verdadero impacto ambiental”, ha aseverado el diputado socialista, que exige un cambio en el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental porque debemos priorizar el principio de precaución frente al desmantelamiento programado de los instrumentos de protección ambiental”.

Para González Cabaña, el proyecto de ley presentado por el Gobierno del PP establece “unos plazos perentorios e imposibles de cumplir para garantizar una evaluación rigurosa y suficiente de todos los efectos medioambientales adversos que puedan darse en algunos proyectos”.