El secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha alertado del “serio riesgo” de que el Gobierno esté valorando ampliar la concesión de la AP-4, la autopista que enlaza Puerto Real con Dos Hermanas, como consecuencia de una operación dirigida a salvar la complicada situación económica por la que atraviesan determinadas vías de pago a lo largo y ancho de España.

González Cabaña ha recordado cómo en los últimos días ha trascendido que el Ministerio de Fomento estaría promoviendo fusiones entre concesionarias que explotan autopistas deficitarias (fundamentalmente situadas en el centro del país y en la zona de Levante) y otras que arrojan beneficios, como es el caso de Aumar (la empresa que gestiona la AP-4), controlada por Abertis.

El plan en el que trabaja el Gobierno, que ya ha pasado incluso por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, significaría que Abertis absorbería las firmas en dificultades; y que, a cambio, el Gobierno procedería a amplir el plazo de concesión de sus autopistas rentables. Es en esta compensación en la que entraría de lleno la AP-4, que vería incrementado el tiempo durante el cual estará sometida al plazo de un peaje, que actualmente debe finalizar en el horizonte de 2019.

Por este motivo, el diputado Francisco González Cabaña ha presentado una pregunta oral en la Comisión de Fomento del Congreso respecto a qué previsiones tiene el Gobierno respecto al futuro de la concesión de la autopista AP-4. González Cabaña ha asegurado que “vamos a estar especialmente vigilantes sobre esta cuestión, porque los socialistas no estamos dispuestos a tolerar que se juegue con el peaje de la autopista a Sevilla. Una ampliación de la concesión supondría prolongar en el tiempo el peaje, cuando de lo que se trata es de asegurar su desaparición en el momento que ya está marcado”.

González Cabaña ha reiterado la “firmeza” en la defensa del plazo de extinción de la actual concesión por parte de los diputados socialistas y del conjunto del partido. “Lo contrario sería toda una injusticia del Gobierno con esta provincia. Pero, además, sería una injusticia de proporciones escandalosas, porque sería tanto como utilizar a Cádiz, a los gaditanos y a las gaditanas, como moneda de cambio para equilibrar las cuentas de unas empresas privadas, en un claro desprecio de los intereses generales de la sociedad y de la provincia”.

Cádiz, 16 de marzo de 2012