La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz se ha personado como acusación en las diligencias previas 1829/2013 abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz por un presunto delito de prevaricación contra el concejal del PP de Algeciras y miembro del Gobierno de la Diputación Luis Ángel Fernández Rodríguez. La secretaria general, Irene García, ha destacado que la decisión de acudir a los tribunales se justifica en “la opacidad del Gobierno provincial del Partido Popular, que no nos deja más salida que recurrir a la Justicia ante su ausencia de explicaciones y la gravedad de las informaciones publicadas en torno a un diputado provincial que, no hay que olvidarlo, ostenta la responsabilidad del Área de Función Pública y Recursos Humanos”. “En ningún momento pretendemos judicializar la vida política. Muy al contrario, entendemos que el seno institucional debe ser el adecuado para explicar cualquier sombra de duda que pueda cernirse sobre la gestión de la Diputación. Sin embargo, la ausencia de información al respecto por parte del presidente Loaiza ha motivado que tomemos esta decisión”.

Como se recordará, en los últimos días han aparecido diferentes informaciones periodísticas en torno a unas supuestas grabaciones en las que el diputado provincial admitiría la utilización de procedimientos irregulares en la provisión de puestos de trabajo en una promoción interna, “extremo este que no ha sido en absoluto aclarado por el propio señor Fernández ni por el presidente de la Diputación y responsable último de la gestión del PP al frente de la institución”. “Las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación son de una gravedad tal que no entendemos que el presidente Loaiza no haya dado instrucciones precisas al diputado-delegado de Función Pública y Recursos Humanos para que aclarara inmediatamente ese asunto, en el que la información y las explicaciones deben imponerse a cualquier intento de establecer un manto de silencio al respecto”, ha afirmado Irene García. Y ha hecho hincapié en la “especial gravedad” de que esas supuestas manifestaciones se atribuyan a quien ostenta de forma directa y por delegación del propio presidente la responsabilidad de la gestión del personal de la Diputación, “una materia en la que, paradójicamente, el PP ha venido sido implacable en la denuncia de unas falsas irregularidades, realizadas sin base alguna e incluso utilizando argumentos tan inciertos como injustos”.

La secretaria general ha incidido en que “una vez más, el Partido Popular, en este caso al frente del Gobierno provincial, ha preferido mantener su política de hurtar a los grupos de la oposición y a la ciudadanía en general toda la información en torno a episodios que merecen toda la transparencia, en un momento en que la sociedad reclama que la gestión de lo público se fundamente en una absoluta claridad”. “Ya se trate de los escándalos ligados a la Zona Franca de Cádiz, que también tocan el diputado provincial Ignacio Romaní, a la extraña adjudicación de las obras para construir dos aparcamientos subterráneos en El Puerto o a la investigación de posibles irregularidades en la concesión de proyectos ligados al alumbrado de la capital gaditana, la actitud del PP siempre es la misma: adoptar la estrategia del avestruz y hacer oídos sordos, cuando no abiertamente intentar matar al mensajero que pone de relieve esos episodios”, ha asegurado.

La personación del PSOE de Cádiz en las referidas diligencias previas se une a su condición de acusación en otro episodio judicial en el que se ve implicado un miembro del Gobierno provincial del PP. Se trata de la imputación del diputado y alcalde de San José del Valle, Antonio García Ortega, por un presunto delito de prevaricación como consecuencia de la supuesta concesión de licencias urbanísticas a pesar de la existencia de informes contrarios por parte de la Secretaría Municipal. En este caso, fue el propio PSOE quien presentó en un principio la oportuna denuncia ante la Fiscalía, para incorporarse posteriormente como acusación, una vez que el Ministerio Público dio traslado de su denuncia al juzgado.