La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha mostrado su “tardía satisfacción” por el hecho de que “aunque sea con mucho retraso, el Gobierno de la Nación se ha dado cuenta de la necesidad de rectificar y de flexibilizar las condiciones a los ayuntamientos para la devolución del préstamo del plan de pago a proveedores”. Irene García se ha pronunciado así tras el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que la próxima semana convocará a la Comisión Nacional de la Administración Local para dar respuesta a esa solicitud reiteradamente planteada desde los municipios.

“Después de varios meses con respuestas esquivas y sin asumir el auténtico clamor de los ayuntamientos que los socialistas llevamos incluso al debate sobre el Estado de la Nación y al Pleno de la Diputación, el Gobierno del PP se ha dado finalmente por aludido y parece que va a mover ficha en el sentido de eliminar rigideces en las condiciones de devolución de esos préstamos, a los que finalmente se acogieron de forma voluntaria algo más de 4.600 de los 8.116 ayuntamientos españoles”, ha señalado. En este sentido, ha afirmado que “a la espera de conocer realmente el contenido de la propuesta, es una buena noticia que el Gobierno dé marcha atrás en su empecinamiento. Y, a pesar de que el ministro Montoro podía haber aprovechado hace ya meses la mano tendida que le venimos ofreciendo los socialistas, habrá que conformarse con esta rectificación”.

“Un importante número de ayuntamientos de toda España está atravesando serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones económicas, y desde el PSOE siempre hemos defendido que el Gobierno debía favorecer las condiciones para que se diera respuesta a esos compromisos, y para que además se hiciera con unas condiciones iguales para todos”, ha señalado la secretaria general, quien en cualquier caso ha anunciado que “los socialistas vamos a permanecer especialmente vigilantes para que el tratamiento que se conceda a los municipios sea similar en todos los casos, sin que vuelva a caerse en episodios de arbitrariedad como los que se han cometido en ciertas localidades, entre las que el caso de Jerez se lleva la palma”. En este sentido, ha añadido que el Consistorio jerezano es “el mejor ejemplo del doble rasero del Gobierno del PP, capaz de consentir todo tipo de incumplimiento de los compromisos, premiando incluso esa falta de atención a las obligaciones adquiridas, mientras mantenía con mano de hierro el grado máximo de exigencia hacia otros ayuntamientos que no están gestionados por el propio Partido Popular”.

Irene García ha recordado que los socialistas “siempre hemos mantenido la misma postura en torno al plan de pago a proveedores: entendemos que se trata de un instrumento positivo porque permite atender a las empresas proveedoras de la Administración local, de las que dependen muchos empleos; pero rechazamos las condiciones leoninas que establecía a los municipios para la devolución de los correspondientes préstamos, que podían llevarles al colapso en un momento en el que atraviesan especiales dificultades de tesorería”.

La secretaria general ha incidido en que la propuesta realizada en su día por los socialistas solicitaba que “el plazo de devolución se ampliara a quince años, y que el tipo de interés de los préstamos bajara del seis al tres por ciento, para no tener que dedicar prácticamente todos los ingresos al pago de estas cantidades, sacrificando a cambio todos los servicios públicos y desmantelando cualquier posibilidad de desarrollar políticas sociales contra la crisis”. “Nuestro razonamiento de fondo es muy sencillo: en una época de crisis como la que vivimos no es aceptable que la Administración y los servicios públicos se hipotequen para atender a los bancos, que eran los grandes beneficiados de esta operación exenta de riesgo para ellos ya que ganaban un seis por ciento por prestar el dinero que ellos reciben al uno por ciento y contaban además con plena garantía de cobro porque este venía avalado por el Estado. Hoy más que nunca hay que primar el esfuerzo en las personas, y todo lo demás debe flexibilizarse para poder dar respuesta a la principal obligación de las instituciones”, ha asegurado.

“La inminencia en tener que hacer frente a la amortización de capital del primer pago a proveedores, después de que muchos ayuntamientos a duras penas pudieran asumir sus intereses, suponía el primer momento crítico para evaluar este sistema. Por fortuna, el Gobierno ha dado marcha atrás y parece haber abandonado la cerrazón de su postura. Por eso, aunque aún no sabemos el contenido exacto de lo que propondrá Montoro ni si esa rectificación nace de un convencimiento o de un simple interés estratégico, entendemos que la medida puede resultar beneficiosa siempre que establezca unas reglas del juego iguales para todos”, ha afirmado. Y ha concluido añadiendo que “la situación económica de los ayuntamientos, siendo ya extraordinariamente grave, apuntaba incluso a un empeoramiento importante cuando tuvieran que afrontar además la devolución del segundo y del tercer plan de pago a proveedores. De ahí que esperaremos a conocer qué propone Montoro y si su planteamiento despeja por fin cualquier sombra de duda de sectarismo en el tratamiento a los municipios”.