La Comisión de Infancia del Congreso ha aprobado hoy –con el voto en contra del PP- una proposición no de ley del Grupo Socialista para impulsar medidas de apoyo y protección a los menores extranjeros no acompañados.

“Pedimos al Gobierno que, de forma urgente, acometa la situación de intemperie de derechos en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados, abrigándolos con los derechos reconocidos por la Convención de Derechos del Niño, pues disfrutan de los mismos derechos que los menores nacionales ya que, como ellos, son también niños”, ha reclamado la diputada socialista Lola Galovart.

La iniciativa, aprobada mediante un texto transaccional acordado por el Grupo Socialista y Unidos Podemos, contempla la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Extranjería, el Reglamento de Extranjería y los protocolos de actuación en relación con los MENA, para garantizar sus derechos, evitar situaciones de desamparo, asegurarles la asistencia letrada, garantizar que aquellos que dispongan de documentación que acredita fehacientemente su identidad no sean sometidos a pruebas de edad, otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad, asegurar que los mayores de 16 años puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles.

Los socialistas proponen también promover programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos niños, una vez que alcanzan la mayoría de edad, y que incluyan acceso a la atención sanitaria y a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo.

Finalmente, la propuesta del PSOE aboga por reforzar las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger en España a cuantos menores solicitantes de asilo puedan ser atendidos por las administraciones.

ENMIENDA De sustitución

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Reformar la Ley de Protección Jurídica del menor (artículo 12.4) para garantizar que ningún niño, niña o adolescente que tenga documentación acreditativa de su edad es sometido a un procedimiento de determinación de la edad, de acuerdo con la ley de Extranjería y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 2. Reformar el Reglamento de Extranjería (artículo 190) para garantizar la asistencia de un letrado con formación específica de los y las menores no acompañados en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio español. 3. Derogar el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación a los Menores Extranjeros No Acompañados y elaborar un nuevo Protocolo que coordine las actuaciones de todas las Administraciones, garantizando los derechos de los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 4. Cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños y niñas que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya dudas o no sobre su edad y de la documentación que porten. 5. Garantizar que con independencia de la nacionalidad, las Administraciones asumen la tutela ex lege de todos los menores que se encuentren en situación de desamparo. 6. Reformar la Ley de Extranjería y el Reglamento de la Ley de Extranjería para otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad. Asegurar la autorización a los mayores de 16 años a acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los españoles. 7. Garantizar el derecho a la educación, la asistencia sanitaria y los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que los menores de edad españoles. 8. Abordar con urgencia, en coordinación con las CCAA y los Ayuntamientos, la situación de los niños y niñas que viven en las calles a través de programas de intervención comunitaria, social y psicológica para evitar posibles situaciones de desamparo. 9. Promover los traslados de los niños y niñas no acompañados que se encuentran en las ciudades de Melilla y Ceuta a la Península, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchados, con la correspondiente asignación económica a las CCAA para garantizar sus derechos y condiciones materiales de vida. 10. Promover programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estos menores una vez alcanzan la mayoría de edad que incluyan la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo. 11. Reforzar las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger en España a cuantos menores solicitantes de asilo puedan ser atendidos por nuestras Administraciones. Con este fin, el Gobierno convocará a las Comunidades Autónomas y realizará cuantos esfuerzos políticos diplomáticos sea posibles para acelerar el proceso.