De la Encina: “La inhabilitación a treinta años en la ostentación de cargo público y los 8 millones de euros de multa impuestos por el juez son motivos suficientes para que esta búsqueda de orden y captura sea de interés público para los ciudadanos”
El diputado del PSOE por Cádiz y miembro de la Comisión de Justicia, Salvador de la Encina, ha presentado una pregunta escrita en el Congreso de los Diputados relativa a las actuaciones que está desarrollando el Gobierno de España sobre la orden nacional e internacional de busca y captura emitida por la Audiencia Provincial de Cádiz contra el exdelegado de la Zona Franca en Cádiz, entre los años 1996 a 2011. (Se adjunta la iniciativa parlamentaria).
Así pues, en dichas cuestiones el PSOE plantea que “la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz dictó, el pasado mes de abril, una orden de busca y captura inmediatamente después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de la Audiencia, condenando a ocho años de cárcel por delito continuado de malversación de caudales Públicos; 30 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y ocho millones de euros de multa por un delito continuado de fraude en la obtención de subvenciones”.
El diputado socialista considera que “debido a que no se tiene información alguna planteamos esta iniciativa de interés para la opinión pública ya que da la impresión de que el Gobierno no está haciendo lo suficiente, ni se está tomando en serio esta orden de busca y captura”.
En la iniciativa, De la Encina cuestiona, entre otras cosas, cuáles han sido las actuaciones que se han ejecutado por el Ministerio del Interior respecto a la Orden de búsqueda y captura contra el exdelegado de la Zona Franca de Cádiz. Asimismo, el parlamentario se pregunta por qué no se dispusieron las medidas oportunas para evitar la efectividad de la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo sin necesidad de haber tenido que dictar la orden de búsqueda y captura. Del mismo modo, requiere el socialista al Gobierno si se estableció un plazo para que el exdelegado ingresara de manera voluntaria en prisión tras los ocho años que se le impusieron de condena.
Por último, hay dos preguntas sobre las que De la Encina insta al Gobierno en referencia a la orden de busca y captura. Por un lado, se pregunta si se ha aplazado el encarcelamiento al que fue condenado por el Tribunal Supremo y de ser así por qué. Por otro, se cuestiona si se ha notificado algo sobre el particular a la Audiencia Provincial de Cádiz, que dictó la Orden de busca y captura inmediatamente después de conocer que el Tribunal Supremo ratificaba la pena de ocho años de cárcel impuesta al exdelegado de la Zona franca en Cádiz.
“Nos preguntamos qué está pasando, por qué no se ha encontrado aún, queremos saber con detalle si se ha buscado y en qué países, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se ha hecho hasta ahora, qué medidas han tomado porque lo que parece es que ha existido desidia en la actuación del Gobierno en este asunto”, señala.
A juicio del diputado en las Cortes, “localizar a esta persona es clave para arrojar luz a lo que pasó en el Consorcio de la Zona Franca durante esos años de dispendios en los que se saquearon las arcas públicas, todo el mundo sabe que esta persona puede ponernos en la pista del dinero desaparecido para devolverlo a los gaditanos”, concluye.
