El portavoz socialista de Justicia y diputado por la provincia de Cádiz, Juan Carlos Campo, mostró hoy su “preocupación” por las víctimas mortales por violencia de género, con 60 víctimas en 2015 que se redujeron a 44 en 2016, “pero ya llevamos 16 en lo que va de año y cuatro de ellas habían interpuesto denuncia y tres con medidas de protección acordadas”. “Sé que la solución no es fácil,  ni monolítica, pero también le digo que todos debemos hacer algo más. Y no podremos descansar mientras podamos señalar un caso de violencia. ¿Qué está haciendo de más el poder judicial?”, requirió.

Precisamente, en la demanda al presidente del CGPJ de una necesaria formación de los jueces que “hace aguas”, Campo puso el ejemplo de la especialización en materia de violencia de género.

Al hilo, Campo planteó también otra serie de preguntas: “¿Se ha planteado el Consejo General del Poder Judicial analizar las estadísticas que emanan de determinados juzgados contra la violencia en el que las denegaciones de órdenes de protección están muy por debajo de las medias de otros juzgados? ¿Se ha planteado el Consejo analizar las causas y si existe alguna relación entre la delegación de órdenes de protección y la renuncia a seguir con el procedimiento judicial?”

Bajada de la litigiosidad por el impacto de las leyes                                          

Por otro lado, el portavoz socialista ha hecho hincapié en que “la bajada de la litigiosidad no es causa de una mejor gestión o de una mayor y mejor organización del trabajo en el ámbito de la Justicia, como sería deseable. Es, simplemente por el efecto impacto de leyes como la Orgánica 1/2015 que destipificó conductas y sustituyó los juicios de faltas por los juicios por delitos leves o la Ley 41/2015, que acordó que no se remitieran a los juzgados de instrucción los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado”.

Durante la comparecencia del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en la Comisión de Justicia del Congreso, para presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, así como la memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2015, el portavoz socialista recordó que, según los datos del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en 2016 ha caído un 31,4% respecto a 2015 y el número de resoluciones también se ha reducido un 30,4%”.  “Algo que no deja de ser preocupante, salvo que usted nos explique y nos saque del error de apreciación. No conocemos las causas y poco nos ha dicho de ello en su intervención”, indicó el portavoz socialista para añadir que “tampoco es bueno el dato de que se han dictado un 4,7% menos de sentencias que en el periodo anterior”.

“Sabemos que bajar la litigiosidad poco tiene que ver con la eficacia. Basta hacer como hizo el ministro Gallardón: se ponen tasas y bajada asegurada”, lamentó Campo para reiterar que, “en apenas cuatro años o cinco, importantes medidas han llevado al ciudadano a desconfiar un poco más de la Justicia, alejándola de ella. Pero también al sector, situándolo en un estado que podríamos situar entre la desilusión y la resignación”.

Por otro lado, Campo recordó que Lesmes, en su primera comparecencia tras ser nombrado presidente, expuso que uno de los objetivos de su mandato sería “la promoción de las magistradas para cargos judiciales” y a su juicio, “la percepción es muy desalentadora”. También le planteó si “se ha hecho algo en estos diez meses que nos lleve al optimismo a la hora de definir los módulos de la carga de trabajo de los jueces que fueron anulados por la Sala Tercera del TS por sentencia de 9 de octubre de 2014”.

En relación a las cláusulas suelo, si bien saludó las estructuras provinciales anunciadas, Campo añadió que “nos gustaría oír del presidente qué se hará si la litigiosidad se dispara, qué se hará si la magistrada o magistrado cesan o vacan por cualquier motivo  y cómo se afrontará esa eventualidad”.

Sobre la Ley del Registro Civil que entra en vigor en junio, Campo demandó “qué ha hecho el CGPJ en orden a exigir el aplicativo informático de conformidad con lo que establece la propia ley orgánica del poder judicial y qué tiene previsto realizar con esos jueces que dejarán de ser los encargados del Registro Civil.

En este sentido, Campo recordó que el GPS ha registrado una proposición no de ley sobre el registro Civil para que “no se convierta en un nuevo fiasco para la ciudadanía”. En último término, pidió también al CGPJ que dote de los mecanismos necesarios de refuerzo al sistema judicial para poder hacer realidad la segunda instancia penal.