“Olvídese de los programas de adhesión y haga de la modernización de la Justicia una realidad, contando con todos”, exige el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, al ministro.
“La modernización de la Justicia es hoy en nuestro país un objetivo crucial e inaplazable. Siendo una de las grandes cuestiones de Estado, no es solo una tarea del Gobierno”, ha dicho el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, en la comparecencia del ministro Rafael Catalá en el Congreso, a quien ha reclamado que “haga de la modernización de la administración de Justicia, una tarea de todos, contando con todos –partidos políticos, CCAA, CGPJ, FGE, colegios y asociaciones profesionales, sindicatos y organizaciones del sector- y olvídese de los programas de adhesión”.
Ante la oferta de consenso y de crear una subcomisión para acometer la reforma de la Justicia, el portavoz socialista espera que las palabras del ministro “se traduzcan pronto en aspectos concretos de mejora de nuestra maltrecha Justicia y no en palabras huecas”. “Usted hoy, aquí, nos expone que quiere una Justicia para el siglo XX, por fin dejan de hacer reformas como si estuviéramos en el XIX”, aunque “nos dice cómo quiere hacer las cosas, no qué quiere hacer”, ha continuado Campo, quien ha abogado por “que hagamos leyes para el ciudadano y no para colectivos”.
“Su Gobierno hasta ahora ha hecho muchas leyes, casi todas mejorables, y alguna simplemente mala”, ha criticado Campo, para quien la anterior legislatura “bien pudiera calificarse de la peor para la historia de nuestra democracia” en lo que se refiere a las decisiones en materia de Justicia del Gobierno del PP.
El portavoz socialista ha reclamado “incrementar la seguridad jurídica, invertir más en Justicia, más eficiencia, más agilidad en el sistema de justicia, y más garantías en la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos”. “Pongamos las bases de un nuevo sistema de justicia mucho más ágil, más eficiente y que en definitiva sirva mejor a los ciudadanos y a sus necesidades y expectativas. Queremos construir los cimientos de lo que debiera ser la justicia que nos demandan los ciudadanos”, ha asegurado.
En este sentido, ha enumerado cinco cuestiones que considera imprescindibles: el desarrollo de la nueva Oficina Judicial, “que sea un motor del cambio de la Justicia y se concrete en una nueva estructura sustentada sobre los principios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo y responsabilidad por la gestión, incorporando las nuevas tecnologías”; la puesta en marcha del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad, “una Justicia en red”; la reforma de la Demarcación y Planta, “para adaptar la organización judicial al mapa real de nuestro país”; la modernización del sistema de justicia, con la plena incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el reforzamiento de la coordinación entre las distintas instituciones y órganos, tanto nacionales como internacionales; y, finalmente, el compromiso presupuestario, ya que “la consecución de los ambiciosos objetivos que nos queremos marcar requerirán de un fuerte compromiso financiero sostenido en el tiempo”. “Caminos que ustedes no han explorado en estos 5 años, pese a tener todo el camino normativo aprobado”, reprochó.
En este sentido, ha recordado los esfuerzos presupuestarios destinados a mejorar la Administración de Justicia durante los gobiernos socialistas, ya que se mantuvieron incrementos presupuestarios anuales del 10% desde 2004 (de algo más de 900 millones de euros a unos 1.800 millones) y en 2011 ese esfuerzo llevó a aprobar el mayor incremento presupuestario anual de nuestra historia reciente (un 13.77%)”, frente a “la nula inversión en los últimos cinco años de gobierno del PP”.
También ha señalado Juan Carlos Campo que es “preciso acometer el diseño de un nuevo modelo de justicia penal”, en el que resulta “absolutamente necesario la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal”.
Asimismo, ha apostado por “la organización colegiada”, es decir, la integración de los actuales juzgados unipersonales en un órgano colegiado, lo que permitiría una concentración de recursos, una mejor distribución del trabajo, una deliberación más adecuada para los asuntos de especial trascendencia y, finalmente, una resolución con mayores garantías y seguridad jurídica.
Sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Campo entiende que “no es el modelo lo que falla, sino la gestión del modelo” y cree que “preservar la independencia del órgano constitucional de gobierno de los jueces es fundamental”.
Finalmente, el portavoz socialista ha pedido al ministro que “abandone la línea de privatización de la justicia”, ha subrayado la necesidad de incrementar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, ha abogado por reforzar la coordinación internacional a través de la Fiscalía europea, y ha colocado a las víctimas y a los usuarios en el centro del sistema judicial.
