El PSOE de Cádiz hará campaña en la provincia en contra de la ley de tasas judiciales aprobada por el Gobierno de Rajoy. Así lo ha anunciado la secretaria general, Irene García, que asegura que se presentarán iniciativas de rechazo en las instituciones, así como desarrollará una intensa agenda de actos y encuentros con asociaciones jurídicas y colectivos de afectados por el incremento de las tasas: asociaciones de igualdad, víctimas de accidentes de tráfico y familiares, afectados por reclamaciones a entidades de crédito y seguros, por negligencias médicas, sindicatos, inmigrantes, asociaciones de consumidores, personas en situación de dependencia, entre otros.

Los socialistas gaditanos difundirán en toda la provincia el contenido de esta Ley ofreciendo sus cargos públicos y orgánicos explicaciones detalladas sobre los apartados del texto aprobado por el Gobierno de Rajoy, dando a conocer las alternativas presentadas con las exenciones que ha planteado el PSOE, y recabando información, propuestas y sugerencias de cómo puede afectar su aplicación entre la ciudadanía y los colectivos jurídicos. “El objetivo es aportar información al grupo parlamentario socialista para poder presentar con la máxima participación un recurso de inconstitucionalidad”, ha especificado.

La dirigente socialista ha manifestado que “la ley de tasas del PP, además de ser un atentado directo contra uno de los pilares de la Democracia, es un intento de cerrar el círculo de limitación de derechos y libertades que el PP ha trazado desde que llegó al poder”. “El Partido Popular intenta quitarnos el último instrumento que nos quedaba para hacer frente a los desmanes que están cometiendo”, ha asegurado.

García advierte de que “la ampliación de tasas cercena el derecho a un servicio público fundamental como es la Justicia que es la garante de los derechos y libertades de la ciudanía”.

Así, García ha explicado que “es del todo incomprensible que cualquier ciudadano para imponer una demanda tenga que pagar 300 euros fijos más el 0,5% de tasa variable sobre la cuantía judicial, es decir, sobre el importe que se demanda”. Y pone un ejemplo, para iniciar un juicio por un problema de filtraciones en una comunidad de vecinos por valor de 20.000 euros, el resultado sería 300 euros fijos, más el 0,5%, o sea unos 400 euros. “Un litigio por un inmueble con un valor de 300.000 euros, 300 euros fijos, más el 0,5 %, estamos hablando de 1.800 euros sólo para interponer la demanda y así, suma y sigue, hasta llegar a casos esperpénticos como que para reclamar una multa de tráfico de 100 euros haya que pagar 200 de tasas judiciales”.

Por último, considera que “es en casos realmente graves donde se refleja con más crudeza la inmoralidad de esta nueva ley, aquellos casos en los que la justicia juega un papel fundamental de amparo y protección”. “Es de una crueldad inaudita obligar a pagar tasas judiciales inalcanzables a una víctima de violencia de género para poder divorciarse de su maltratador. No es de recibo que un proceso por una negligencia médica, pueda alcanzar los 12.000 euros sólo en tasas judiciales”, ha informado para concluir que “hay que frenar como sea este dislate del Gobierno”.

Cádiz, 2 de diciembre de 2012