El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Cádiz ha ejercido hoy una contundente labor de fiscalización durante la celebración del Pleno provincial, evidenciando la falta de transparencia y la parálisis en la gestión del equipo de Gobierno del Partido Popular y La Línea 100×100. En el turno de ruegos y preguntas, los socialistas han puesto el foco en dos cuestiones fundamentales para el desarrollo de la provincia como son el futuro de las instalaciones de ‘El Madrugador’ y el boicot al proyecto de reforma de IFECA en Jerez, pero además se ha vuelto a solicitar por escrito a la Presidencia las subvenciones nominativas otorgadas del año 2019 al 2023, correspondientes a la etapa socialista para su comparación con “la tendencia abusivamente sectaria” de las ayudas asignadas en el mandato actual por PP y La Línea 100X100.

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, ha interpelado directamente al equipo de Gobierno sobre la cesión del edificio ‘El Madrugador’, unas instalaciones que han sido desadscritas del IEDT “bajo un manto de opacidad”. Pizarro ha exigido “transparencia absoluta para saber a qué se va a dedicar exactamente el edificio”, reclamando que “los dos socios de Gobierno se pongan de acuerdo de una vez y, sobre todo, que informen con claridad a los grupos políticos de toda esta operación impulsada por el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, no apoyada por La Línea 100X100 y que se ha convertido en un pulso interno entre los dos socios de Gobierno”.

En la misma línea de denuncia del sectarismo institucional, la diputada provincial Carmen Collado ha exigido explicaciones sobre el abandono de la reforma de IFECA. Collado ha lamentado que el proyecto presentado en 2023 por el anterior equipo de Gobierno socialista haya quedado “en aguas de borrajas”. “No entendemos por qué han dejado morir un proyecto vital que contemplaba un presupuesto de 4 millones para la ciudad de Jerez destinado a una reforma integral para convertirlo en el Palacio de Congresos Lola Flores”. Para los socialistas, este abandono es una prueba más de la inercia del Gobierno provincial y sobre todo, el inexplicable abandono de la Presidencia a Jerez.

Aprobadas las tres mociones del PSOE

Por otro lado, la sesión plenaria ha respaldado las tres mociones presentadas por el Grupo Socialista. En primer lugar, se ha aprobado por unanimidad exigir a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que estudie, con carácter urgente, soluciones a la grave problemática de seguridad vial y tráfico en la carretera autonómica A-314 en Barbate. La diputada Mariloli Varo ha recordado que esta vía, en sus accesos a diseminados como Venta del Loro o la zona de los veteranos, soporta una gran afluencia de vehículos. “Tristemente hace escasos días hubo un hecho de una tragedia irreparable en esta zona; los vecinos nos piden limitaciones de velocidad y prohibición de adelantos porque es un tramo muy concurrido de accidentes, y a día de hoy, la Junta de Andalucía no ha dado ninguna solución”, ha denunciado la diputada de la Janda.

En materia de derechos sociales, el Pleno ha dado luz verde, con el rechazo del PP, a la iniciativa socialista para exigir a la Junta de Andalucía un cambio de rumbo en sus políticas habitacionales. El PSOE ha denunciado que la reciente Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, aprobada únicamente por el PP, “no configura el derecho a la vivienda como un verdadero derecho subjetivo exigible”. La moción defendida por Pizarro insta al Gobierno andaluz a incrementar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar al menos el 1 por ciento del PIB andaluz, poner en marcha un plan para 100.000 viviendas públicas y declarar zonas de mercado residencial tensionado para aplicar límites a los precios. “Mientras el esfuerzo salarial para pagar una hipoteca alcanza el 38,1 por ciento en Andalucía, Moreno Bonilla prefiere la confrontación y proteger el negocio en lugar del derecho”, esgrimió Pizarro en la defensa de la propuesta.

Finalmente, el PSOE ha sacado adelante una proposición en defensa de la igualdad entre ciudadanos, oportuna “en tiempos donde se agitan banderas xenófobas”. El texto aprobado rechaza frontalmente el modelo de los acuerdos entre PP y Vox, aplicados ya en la comunidad valenciana que pretenden “una España con dos clases de ciudadanos, de primera y de segunda, distinguidos por su lugar de nacimiento”. En este caso, ha sido la diputada jerezana Laura Álvarez la que ha defendido la labor del Gobierno de España con el reciente Real Decreto 316/2026 para la regularización de personas inmigrantes, recordando que “los requisitos para acceder a recursos públicos deben basarse en la necesidad y en el derecho, no en el origen”. “El racismo, el odio y la confrontación no son una prioridad nacional; nuestra prioridad es la justicia social y la cohesión”, ha concluido la diputada socialista, exigiendo a los gobiernos del PP y Vox que cumplan la Constitución Española y cesen en su discriminación institucional.