La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha exigido al Gobierno de la Nación que “explique los motivos del ridículo grado de resolución de los expedientes de ayudas al amparo del Plan Reindus”, cuyo objetivo es contribuir a la reindustrialización de “dos comarcas estratégicas” de esta provincia como son la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar.

Irene García se ha hecho eco de la denuncia realizada esta mañana por la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) y ha señalado que “ese exiguo índice de resoluciones provisionales no solo es inexplicable, como dice la propia organización patronal, sino que puede calificarse de escandaloso, teniendo en cuenta que estamos hablando del principal y casi único instrumento puesto en marcha desde el Gobierno de la Nación para favorecer la instalación de nuevas empresas y la generación de puestos de trabajo en uno de los entornos más necesitados de este tipo de actuaciones en el conjunto de España”.

“El hecho de que exista una disposición de 88 millones de euros y que los expedientes resueltos favorablemente ni siquiera alcancen  los 13 millones supone una nueva manifestación del castigo al que el PP viene concediendo a esta provincia, que ve cómo todas y cada una de las posibilidades para su despegue económico están siendo asfixiadas por parte de ese partido”, ha señalado. En este sentido, ha desgranado “la consciente y premeditada marginación de la conexión ferroviaria del principal puerto andaluz con los ejes de desarrollo europeos, el incumplimiento sistemático de los compromisos de lograr carga de trabajo para nuestros astilleros, la constante demora en la finalización de infraestructuras de comunicación básicas como la llegada de la alta velocidad o el segundo puente de acceso a Cádiz… Y todo ello por no hablar de la reiterada negativa a la puesta en marcha de un plan de empleo de ámbito andaluz, que debería tener evidentes efectos positivos para esta provincia y que no es hoy una realidad única y exclusivamente por la decisión caprichosa y partidista de los rectores nacionales del PP y el silencio cómplice de los representantes de ese partido en Cádiz”.

La secretaria general ha recordado que “los diputados socialistas en el Congreso y la dirección provincial de este partido hemos venido reiterando en un sinfín de ocasiones que el Gobierno del PP había emprendido una peligrosa línea de actuación con respecto a las ayudas del Plan Reindus, consistente en reducir su cuantía económica por un lado y en endurecer las condiciones de acceso por otro. Y a todo ello hay que añadir ahora, a la luz de la denuncia de los propios empresarios, que incluso expedientes impulsados por firmas de demostrada solvencia, que planteaban proyectos con absolutas garantías tanto técnicas como económicas y que cuentan con avales bancarios por importantes cantidades también han sido desechados”.

“Con el Gobierno del PSOE, las ayudas Reindus tenían un interés del cero por ciento, y con el PP han alcanzado el 4,95 por ciento. Mientras entonces la devolución del préstamo podía realizarse hasta en 15 años, las condiciones fijadas por el Partido Popular para 2013 reducían ese margen a solo 10 años. Y algo similar ha sucedido con el período de carencia, que antes estaba fijado en cinco años y ahora se ha reducido a solo tres”, ha asegurado. Y ha continuado diciendo que “las condiciones de acceso a estas ayudas son hoy incomparablemente más duras que las que existían en tiempos de gestión socialista, hasta el punto de que entonces hubo años en los que ni siquiera fue preciso contar con un aval para optar a las mismas”.

Por si este panorama no fuera lo suficientemente grave, la secretaria general ha llamado la atención sobre el hecho de que “por lo que aseguran los propios empresarios, a todo ese endurecimiento general de los requisitos hay que añadir ahora además una decisión discrecional, como consecuencia de la cual iniciativas con el sello de Cádiz no reciben el visto bueno mientras otras similares, procedentes de otras zonas de España, sí cuentan con un respaldo inmediato”.

Irene García ha destacado la “preocupación” del PSOE de Cádiz por el hecho de que “la sociedad gaditana se está viendo empujada a una situación de auténtico abandono y de verdadera desesperanza debido a medidas y decisiones que escapan a cualquier raciocinio y que únicamente pueden entenderse como fruto de una estrategia de castigo ante la cual los máximos responsables del PP, tan habituados al enfrentamiento dialéctico frente a otros partidos, son incapaces de alzar la voz en defensa de los legítimos intereses de esta provincia”. “No es ya que lo digamos los socialistas, sino que los propios empresarios gaditanos han alzado la voz porque son conscientes de que el Gobierno del PP está negando las posibilidades de viabilidad de determinadas iniciativas que pretenden generar riqueza y empleo en esta provincia mientras propuestas idénticas para otras partes del país reciben todos los parabienes”, ha afirmado.

“Una vez conocida la denuncia del empresariado gaditano, los máximos responsables del PP en esta provincia deben dar una respuesta inmediata y comprometer al Ministerio de Industria, el mismo que reaccionó mal y tarde en amparo de los astilleros de Navantia cuando debió defenderlos en sus aspiraciones de optar a la contratación de los buques para Gas Natural, a garantizar para Cádiz un tratamiento similar al que se concede a otras partes de España. Igualmente, esperamos que por una vez la reacción del señor Sanz, de la señora Martínez o del señor Loaiza sea plantarse ante un nuevo atropello cometido por sus superiores de Madrid, en lugar de intentar matar al mensajero y arremeter contra los empresarios que han denunciado esta discriminación o contra quienes reclamamos que se ponga solución a la misma”, ha concluido.