La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha acusado al presidente provincial del PP de “poner nuevas trabas y crear más confusión” en torno al Programa Emple@Joven, impulsado por la Junta de Andalucía, “siguiendo la senda de desconocimiento respecto al funcionamiento de los Fondos Europeos abierta previamente por otros miembros de su partido con cargos representativos en la Comunidad Autónoma”. “Solo así se explica que el propio señor Sanz haya atribuido a una falsa presión ejercida por el PP el hecho de que los municipios de menos de 20.000 habitantes supuestamente van a recibir el cien por cien de los fondos del Plan de Empleo por adelantado; y que los municipios de más de 20.000 habitantes recibirán por adelantado en 20 días un tercio de los fondos, percibiendo el 25 por ciento restante antes de realizar las contrataciones”, ha dicho.

En respuesta a esas manifestaciones, la secretaria general ha destacado que “el Decreto-Ley que regula esta iniciativa ni siquiera contempla diferenciación alguna entre los municipios, salvo por la cuantía de las ayudas a recibir según su población y el número de parados jóvenes, y todos recibirán la ayuda conforme a los estipulado en la Ley de Subvenciones. La única excepción que contempla el Decreto es para los municipios de menos de 1.000 habitantes, a los que se les asegura un mínimo de 10.200 euros, sin menoscabo de los fondos que les puedan ser asignados en función del número de desempleados jóvenes. De hecho, ningún municipio va a recibir el 100% hasta que estén justificados los proyectos presentados”.

Irene García ha exigido al presidente provincial del PP que “desautorice claramente el boicot que los dirigentes regionales de su partido han planteado sobre el Plan Emple@Joven y sobre el ‘Decreto Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad’, que ha puesto en grave peligro la inversión de más de 22 millones de euros en los municipios gaditanos gobernados por la derecha”. Paralelamente, ha recomendado a Antonio Sanz que “como presidente del Partido Popular de Cádiz, se preocupe de evitar que agrupaciones gaditanas de su partido editen y publiquen pasquines propagandísticos con datos falsos sobre el programa Emple@Joven, que en nada contribuyen a favorecer a los jóvenes parados de esa provincia tan castigada por el desempleo en aras a la consecución de un puesto de trabajo”.

“En lugar de sacar pecho por los falsos efectos de una hipotética presión que se cae por su propio peso, el señor Sanz debería explicar a la opinión pública por qué su partido no apoyó en el Parlamento la convalidación del decreto que ponía en marcha el Plan Emple@Joven, porque escucharle reivindicar ahora el papel del PP como ‘garante’ de esta iniciativa resulta una broma macabra”, ha reclamado Irene García.

Además, ha instado al presidente del PP de Cádiz a “ejercer su supuesta capacidad de influencia ante el presidente de la Diputación, compañero de partido, de forma que no obligue a los ayuntamientos a actuar como financiadores de la Corporación provincial y de su plan de formación de desempleados que intenta vender como un falso plan de empleo. Porque hasta la fecha no se le ha escuchado ni una palabra en defensa de los municipios de esta provincia mientras la Diputación solo abona un mísero 25% de los fondos cuando los consistorios inician la contratación de los monitores y la formación de los parados acogidos a la iniciativa”.

“El señor Sanz vuelve a intentar confundir a la opinión pública también en torno al origen de los fondos, por cuanto el programa Emple@Joven se nutre de fondos propios de la Junta de Andalucía y de fondos europeos pertenecientes al marco de apoyo comunitario 2007-2013”, ha afirmado. De esta manera, la secretaria general se ha referido a la publicación del Decreto-Ley, y ha citado el BOJA número 86, del pasado 7 de mayo, para recordar que “teniendo en cuenta la cuantía global de las partidas presupuestarias asignadas a las ayudas, así como la cofinanciación de las mismas con fondos de la Unión Europea, además de la forma de  pago regulada en el presente decreto-ley que establece un anticipo de hasta el 75% del importe total concedido con justificación diferida, resulta necesaria la exigencia de acreditación por parte de las entidades beneficiarias, con anterioridad al pago de la ayuda, de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales, respecto de la  Administración de la Junta de Andalucía, y también frente a la del estado y de la Seguridad Social. Todo ello con el objetivo de asegurar la certificación de los fondos comunitarios dentro del periodo de elegibilidad, así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”.