El secretario de Historia y Documentación de la Ejecutiva provincial y Coordinador provincial del Grupo de Memoria del PSOE-A, Carlos Perales, ha aplaudido la aprobación esta semana del proyecto de Ley de Memoria Democrática “con la que se pone fin al olvido de las miles de víctimas represaliadas por el franquismo y pone fin al silencio que han tenido que soportar los familiares durante tanto tiempo”. Carlos Perales invita a hacer una reflexión sobre el texto que habrá de aprobar la cámara autonómica, ya que los ayuntamientos de la provincia y la propia Diputación junto a la Junta deberán de promover su aplicación.

Perales considera que el texto, una vez en el Parlamento, va a permitir nuevamente dar la voz a la ciudadanía para incorporar sugerencias, a través de los distintos grupos políticos, y en este sentido, apunta que “sería ideal que fuera aprobado por unanimidad, incluyendo al PP que de esta forma puede superar esa larga sombra del franquismo que les persigue”.

“Es una ley para las familias y víctimas del franquismo que además hace “democracia” porque “la memoria es de todos y para todos”, ha resaltado Perales que subraya el carácter pedagógico de incorporar a los diseños curriculares los periodos históricos “silenciados o tergiversados” hasta ahora. “Nuestros hijos conocerán en su IES lo que nos contaban nuestros padres a escondidas y con miedo”, cuenta Perales que se decía en las comisiones de trabajo con las asociaciones memorialistas.

“Esta ley sella el compromiso andaluz con los derechos humanos ya que sigue las recomendaciones de la ONU y refuerza el trabajo desarrollado por el Gobierno de Susana Díaz a favor de la justicia histórica”, ha destacado Perales. “Es una ley contra el olvido y el silencio que tanto daño han hecho; pero no solo a las víctimas y a sus familias, sino también a una sociedad que para seguir creciendo en democracia necesitaba dignificar el legado de los miles de hombres y mujeres que la hicieron posible”, ha reconocido Perales.

Por último, advierte de que “esta Ley avanza en el camino abierto por la legislación estatal, que desgraciadamente el Gobierno central ha boicoteado durante los últimos cuatro años”. Así, apunta que “se amplía el estatus de víctima al incluir a los niños y niñas robados o a quienes vivieron el terror de los campos de exterminio nazis”.