El Grupo Socialista en el Senado se ha reunido esta mañana con la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados para trasladarles su preocupación por la “persecución fiscal” que ha sufrido este colectivo por parte del Gobierno del Partido Popular y para estudiar la moción que han presentado los socialistas dirigida a pedir al Ejecutivo del PP una clarificación y una regulación específica para este colectivo.

La reunión, que ha tenido lugar en la Cámara Alta, ha contado con la Secretaria General de los socialistas, Luisa Carcedo, y el portavoz adjunto del Grupo, Francisco Menacho, y con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, Eva María Foncubierta, y el vicepresidente de dicho colectivo, Mario Alonso Barrera.

Los senadores del PSOE han insistido en que, durante los últimos cuatro años, el Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo una auténtica “persecución fiscal” al colectivo de emigrantes retornados que perciben pensiones del extranjero y han puntualizado que estas personas han sido mal informadas por la Agencia Tributaria y que fue el Gobierno el que realizó un cambio de criterio injustificado exigiendo la declaración de estas rentas en todos los años no prescritos.

En esta línea, Francisco Menacho ha criticado que el Gobierno  abrió en 2013 800.000 expedientes de comprobación y que el Ministerio de Hacienda procedió a remitir un total de 650.000 “cartas intimidatorias” en las que se reclamaba a los afectados que regularan su situación.

Además, Menacho ha asegurado que el Gobierno no ha facilitado ningún tipo de información sobre la cantidad recaudada y devuelta por el Ministerio en las Comunidades Autónomas y en las provincias españolas y ha recordado que el pasado mes de julio registró una pregunta en este sentido que tuvo “la callada por respuesta” por parte del Gobierno. También ha denunciado que las tres comunidades más afectadas por esta pésima gestión tributaria han sido Andalucía, Galicia y Asturias y ha destacado que “España ha sido el único país de la Unión Europea que ha tomado esta medida con efecto retroactivo”.

El senador andaluz se ha hecho eco de la indignación y malestar de los pensionistas a los que la Agencia Tributaria ha tratado como defraudadores fiscales cuando ellos han pretendido, en todo momento, cumplir con sus obligaciones.

Francisco Menacho ha reprochado al Gobierno del PP su falta de sensibilidad y el daño moral que ha ocasionado a este colectivo y le ha exigido que corrija su error y que tenga en cuenta la singularidad del colectivo de emigrantes retornados. En este punto, ha matizado que la rectificación del Gobierno en 2015 fue “incompleta e insuficiente” y ha añadido que la Agencia Tributaria debió poner en marcha una campaña informativa sobre la regularización de estas pensiones y la condonación de las sanciones, recargos e intereses de demora pagados, con el fin de reparar el daño moral causado a este colectivo.

Por todo ello, los socialistas han presentado una moción en la que solicitan al Gobierno, en primer lugar, establecer un tratamiento fiscal específico a las pensiones públicas del extranjero cuyos beneficiario son los españoles retornados, que permita la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores.

También piden a la Agencia Tributaria que asuma con carácter general las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales. Además, piden al ejecutivo que establezca los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, el pensionista emigrante retornado reciba su borrador de la declaración de Hacienda con todos los ingresos a declarar.

Por otra parte, el PSOE pretende que se establezcan los mecanismos necesarios para la homologación o convalidación de las pensiones de invalidez provenientes de países extranjeros y el reconocimiento automático de las mismas por parte de la administración española, sin tener que someterse nuevamente a dictámenes o aprobación de la administración española.

En esta iniciativa registrada también se pide la devolución de oficio de las sanciones y recargos aplicados injustamente que no han sido reclamadas por los retornados, cantidad que según la Agencia Tributaria, se eleva a siete millones de euros.

Por último, se solicita la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos una vez finalizado el proceso de regularización dado que el Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios necesarios para llevar a cabo dicho proceso de regularización, ni en medios humanos, ni informativos ni temporales.