La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha presentado esta  mañana una iniciativa que pretende la puesta en marcha de una “ayuda para hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis económica, fundamentalmente en torno a cuatro colectivos expuestos a una mayor vulnerabilidad y que, en consecuencia, precisan de una mayor protección”. El objetivo de la misma es la aprobación de un “subsidio de renta mínima” que dé cobertura tanto a los desempleados de larga duración con hijos e hijas a su cargo como a las víctimas de la violencia de género que se encuentran sin empleo y sin prestación; a las personas con un grado de discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento y que igualmente se encuentren sin empleo; y a quienes, teniendo más de 45 años y permaneciendo en el desempleo, hayan agotado ya el cobro de la Renta Activa de Inserción.

Araceli Maese ha desgranado que esa iniciativa va a ser objeto de “toda una ofensiva institucional” que abarca sendas Proposiciones No de Ley en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Andalucía, así como propuestas tanto en la Diputación como en los distintos plenos municipales de los ayuntamientos de la provincia; y ha destacado la importancia que esa medida puede tener en Cádiz. “Al cierre del pasado julio, un mes tradicionalmente muy bueno para el empleo, nuestra provincia acumulaba 182.141 desempleados y desempleadas, de los que solo 84.548 percibían algún tipo de prestación. Dicho de otra manera, casi 100.000 parados y paradas de esta provincia no cuentan a día de hoy con ingreso alguno, por las 2.600.000 personas en una situación similar en el conjunto de España”, ha afirmado.

Los grupos municipales del PSOE van a reclamar en los distintos ayuntamientos de la provincia que el Gobierno de Mariano Rajoy abandone por fin su talante antisocial y responda a la situación de auténtica angustia que viven miles y miles de familias de Cádiz, de esta comunidad autónoma y de este país; y que extienda el subsidio de desempleo a los parados de larga duración que carecen de ingresos y que tienen responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción”, ha asegurado la secretaria de Organización, quien ha incidido en que “se trata de garantizar una renta de subsistencia para aquellas familias que han perdido todo y que se están viendo abocadas a perder también la esperanza de salir adelante”.

En esta línea, ha afirmado que “el Gobierno del PP debe responder por fin a las necesidades de la sociedad española, después de años de recortes, sacrificios e imposiciones que castigan a los más débiles. Las 740.000 familias españolas que tienen a todos sus miembros en el paro exigen y necesitan una respuesta inmediata. Para ellas no basta con escudarse en la evolución de los datos macroeconómicos o en supuestos indicadores que invitan al optimismo, simplemente porque no cabe el optimismo cuando no se tiene empleo ni ingresos para salir adelante”.

Araceli Maese ha destacado que la iniciativa “pretende una respuesta de justicia social para aquellos colectivos especialmente vulnerables. Y lo hace desde un posicionamiento más que razonable, ya que la misma tendrá un coste aproximado a los 5.100 millones de euros, cuando los recortes del Gobierno del PP y el endurecimiento de las condiciones de acceso a la prestación por desempleo supondrán este año un triste ahorro de unos 6.000 millones”. Así, ha detallado que “nuestra iniciativa pretende salir al paso de una situación de una extraordinaria gravedad social: y prevé hacerlo, además, de una manera sostenible desde el punto de vista económico, la que parece que es la única preocupación del Gobierno del PP, más pendiente de cumplir con el déficit y con las exigencias de los mercados internacionales que de hacerlo con el bienestar de los españoles y de las españolas”.

El mecanismo propuesto por el PSOE incluye un montante equivalente al 80 por ciento del IPREM vigente (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, fijado en 532,51 euros), lo que supondría 426 euros mensuales, que se incrementarían en 100 euros adicionales por cada menor a cargo del desempleado. “La duración de este mecanismo se prolongaría durante seis meses prorrogables: comenzaría con efectos retroactivos desde el pasado 1 de agosto y tendría vigencia hasta que el beneficiario consiguiera su inserción laboral o hasta que la tasa de desempleo en el conjunto del país se sitúe por debajo del 15 por ciento”, ha señalado la secretaria de Organización.

La puesta en marcha de este subsidio de renta mínima no depende de una decisión económica, sino de la voluntad política de hacerlo o no; no es un problema de calculadora sino de corazón; no depende de los números sino de la existencia o no de un compromiso con la sociedad, y muy especialmente con quienes peor parados están saliendo de la crisis económica y de las medidas economicistas del Gobierno del PP”, ha dicho Araceli Maese. “El señor Rajoy –ha continuado- tiene una ocasión magnífica para demostrar su implicación con centenares de miles de familias después de haber entregado más de 40.000 millones de euros para reflotar a los bancos, después de haber renunciado a recaudar más de 3.000 millones de euros por las rebajas fiscales a las grandes empresas y de regalar miles de millones a los defraudadores a través de una amnistía fiscal… Esta atención de urgencia a estos colectivos apenas tendrá un coste de poco más de 5.000 millones de euros, una cantidad que entendemos de justicia social y absolutamente asumible por este país”.

La secretaria de Organización ha anunciado la presentación de diversas preguntas escritas en el Congreso de los Diputados para conocer con exactitud el número de personas que integran en esta provincia los diversos colectivos a los que se quiere hacer beneficiarios de esta medida. “Las primeras estimaciones apuntan a que en el conjunto de España podrían beneficiarse de este subsidio de renta mínima entre 700.000 y 800.000 personas. Y Cádiz puede ser una de las provincias más beneficiadas en este sentido, ya que prácticamente 100.000 desempleadas y desempleados gaditanos no perciben ingreso alguno en la actualidad”, ha afirmado.

Hoy, esos cien mil gaditanos y gaditanas tienen sus ojos puestos en el Gobierno del señor Rajoy. Y los tienen también en el presidente regional del PP, el mismo que desmanteló la Ley de Dependencia desde la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y que ahora se dedica a venir de puente a Cádiz en su campaña de acoso y derribo contra los socialistas y contra la Junta de Andalucía”, ha asegurado. Y ha concluido haciendo hincapié en que “de una vez, el señor Moreno Bonilla debe poner de manifiesto si está con los desempleados y con sus familias o si, como viene haciendo, está únicamente al dictado de sus superiores en Madrid, ante los que no solo ha sido incapaz de exigir un plan de empleo para esta tierra sino ante los que silencia cualquier voz que reivindique lo que por justicia nos corresponde”.