Diego Sánchez Rull habla con Irene García durante el Pleno

El Gobierno provincial del PP ha rechazado la propuesta del Grupo Socialista de que la Corporación provincial becara a aquellos universitarios gaditanos que han perdido las ayudas al estudio como consecuencia de los recortes impulsados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y materializados por el ministro Wert.

Antonio González Carretero, el diputado socialista encargado de la defensa de la propuesta, ha recordado que las nuevas condiciones de acceso a esas becas universitarias, dependientes de la Administración estatal, “provocarán consecuencias muy negativas para miles de estudiantes” y ha recordado que, según datos de la Conferencia de Rectores, la ‘reforma Wert’ acarreará la pérdida de un tercio de las becas existentes. Además, citando a esa misma fuente, ha advertido de que “el 66 por ciento de los alumnos que venían recibiendo esa ayuda económica admiten que, si la pierden, tendrán que abandonar su formación”.

“El desmantelamiento de las becas universitarias no responde a unos simples recortes económicos, sino que es consecuencia del modelo de sociedad y de Estado que tiene el PP, que simplemente no cree en lo público y que no puede tolerar que el hijo de un albañil pueda acudir a la universidad”, ha señalado Antonio González Carretero, quien ha destacado que “el PP está legislando en contra de la universidad pública” y que “la primera suspensión de un acto oficial de inicio del curso en 695 años de historia se ha producido como consecuencia del miedo del ministro Wert, que sabe que está legislando en contra de toda la comunidad universitaria”.

Frente a esta reforma ideológica camuflada bajo falsos criterios económicos, el diputado socialista ha destacado la actuación responsable de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, ya que la puesta en marcha de las becas Adriano hará posible ofrecer una cobertura de 1.500 euros a aquellos estudiantes de enseñanzas medias que pierdan su asignación estatal. “Por desgracia, la Junta carece de competencias para fijar una medida similar en el ámbito universitario, y el PP impide ahora que la Diputación firme un convenio con la Universidad de Cádiz con vistas a poner en marcha un programa de ayudas al estudio para becar a aquellos estudiantes gaditanos que vayan a perder esa ayuda estatal por decisión del Gobierno de la Nación”, ha señalado.

La “especial vigilancia” respecto a la privatización de La Almoraima

Por otra parte, los votos negativos del PP han impedido también la aprobación de una propuesta socialista que reclamaba el respaldo de la Diputación para que la finca La Almoraima, en Castellar, permanezca en manos públicas, de manera que se evite la intención del ministro Arias Cañete de privatizar ese patrimonio de todos. El diputado Diego Sánchez Rull ha destacado la “enorme importancia de que La Almoraima se mantenga en manos públicas”, ya que sus diferentes aprovechamientos, “compatibles con unos criteros de sostenibilidad”, ofrecen empleo directo a medio centenar de personas y son fuente de desarrollo para la zona.

Diego Sánchez Rull ha lamentado el sentido de voto negativo de los diputados y diputadas del PP, y ha anunciado que los representantes institucionales del PSOE a todos los niveles van a estar “especialmente vigilantes ante los intensos rumores que ya circulan por Castellar en torno a una adjudicación de esa finca a una familia de rancio abolengo”. Paralelamente, ha rechazado que esa privatización impulsada por el Gobierno de la Nación pueda ser compatible con un desarrollo ordenado de los recursos naturales de la misma, ya se ha referido de manera expresa a la existencia de “un proyecto que plantea en ese lugar la puesta en marcha de un helipuerto, de dos campos de golf y más de 4.000 viviendas turísticas, dentro de un modelo que no tiene nada de sostenible”.

Los planes de formación de desempleados, sobre los ayuntamientos

El diputado y viceportavoz del Grupo Socialista, Alfonso Moscoso, ha sido el encargado de defender una propuesta que reclamaba al Gobierno provincial que asumiese la gestión directa en los pequeños municipios de las acciones integradas en el plan de formación de desempleados anunciado el pasado mes de noviembre, dotado con una inversión de siete millones de euros para 2013 y que aún no se ha comenzado a ejecutar. “Es de todo punto inadmisible que el PP haya tardado casi un año en firmar 44 convenios con los municipios de la provincia y no haya sido capaz de que este programa, centrado en una materia tan sensible como la mejora de la capacitación y de la empleabilidad de parados, eche a andar hasta el momento, máxime cuando con él se pretendía primar a aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social”, ha dicho.

Alfonso Moscoso ha denunciado que la modificación de los criterios inicialmente establecidos para el funcionamiento de este programa “deja toda la responsabilidad de la ejecución del mismo sobre unos ayuntamientos que carecen de los medios y del personal necesario para asumir una gestión tan complicada como la que requieren los fondos europeos con los que se financia”. Finalmente, los diputados y diputadas del PP han votado en contra de esta propuesta que, en consecuencia, ha sido rechazada por el Pleno.

Sin apoyo a la investigación de los crímenes del franquismo

Igual suerte ha corrido la iniciativa del Grupo Socialista que pretendía obtener una condena expresa de los crímenes de la dictadura de Franco por parte de la Diputación, así como la adhesión de la Corporación supramunicipal a que el 18 de julio pase a ser considerado el ‘Día Oficial de Condena al Franquismo’. María Naval, la diputada que ha intervenido para defenderla, ha lamentado la prolongada represión que siguió al “golpe de Estado de Franco y a la Guerra Civil” a partir de “una concepción de exterminio del adversario político”.

A pesar de que la diputada ha recordado durante su discurso que “la Ley 52/2007. de 26 de diciembre, conocida como Ley de la Memoria histórica, recoge entre sus principios el rechazo y la denuncia de la dictadura por parte de las instituciones”, los votos negativos del Gobierno provincial han impedido que prosperase esta iniciativa, que igualmente planteaba la adhesión de la Diputación a la querella 4591-10 que la magistrada argentina María Serviní de Cubría mantiene por delitos de genocidio y lesa humanidad contra la conculcación de derechos humanos durante esa reciente etapa de nuestra historia.