El portavoz socialista en Agricultura, Pesca y Alimentación, Juan María Cornejo, ha afirmado esta tarde en la Cámara Alta que “el PP se está cargando la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural suprimiendo en un 85% su financiación”. Cornejo ha realizado estas declaraciones tras el rechazo del PP a una moción socialista dirigida a reclamar al Gobierno el desarrollo e impulso de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, así como el programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), y a garantizar la financiación de éste. El PP fue el único grupo que votó en contra de la propuesta en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación pero le bastó su mayoría parlamentaria para rechazar finalmente la iniciativa del Grupo Socialista.

El senador del PSOE por Cádiz ha criticado que los populares rechazasen los objetivos de la moción consistentes en desarrollar e impulsar la Ley de Desarrollo Sostenible del medio Rural así como el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y garantizar las aportaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente, recogidas en el marco presupuestario y financiero del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.

En este punto, ha subrayado que el programa de desarrollo rural sostenible se reduce en un 85,8% suponiendo la eliminación vía presupuestaria de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. De esta forma, pasa de 200,3 millones de euros en 2011 a 28,3 millones en 2012 con lo que la ejecución de la Ley de Desarrollo queda prácticamente anulada al no prever prácticamente financiación alguna para la elaboración de los planes zonales pendientes ni para dotar de apoyo financiero a las diferentes medidas contenidas en dicho programa.

El parlamentario del PSOE ha recordado “el laborioso trabajo de elaboración de la citada ley, un proyecto civil que logró un gran consenso entre todos los sectores y las administraciones” y ha puntualizado que “no se trata de una ley de un gobierno determinado sino de un proyecto para impulsar de forma notable el desarrollo del mundo rural”.

Juan María Cornejo también se ha preguntado “qué le va a decir el Gobierno ahora a todas las Comunidades Autónomas, a las administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades) y a los sectores sociales implicados que han firmado los diversos convenios”.

El senador por Cádiz ha explicado que el medio rural español integra a más del 20% de la población, que alcanza el 3% si se incluyen las zonas periurbanas y afecta cerca del 90% del territorio nacional. También ha añadido que la política rural española se ha venido apoyando, desde su ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, fundamentalmente, en la política agraria comunitaria y en sus objetivos, programas e instrumentos financieros.

En este punto, ha indicado que la constatación de que el medio rural español sigue mostrando un diferencial de desarrollo con respecto al medio urbano, sobre todo en determinado zonas rurales, puso de manifiesto las carencias de este modelo esencialmente agrarista. “Pero también evidenció, ha indicado, la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas, que para atender a territorios y poblaciones frecuentemente marginados, debía pasar de un enfoque agrarista y sectorial a un enfoque fundamentalmente territorial e integral”.

Como ha recordado el propio Cornejo, tal realidad motivó la promulgación el 13 de diciembre de 2007, de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, en la que se establecen las bases de una política rural propia como Política de Estado, plenamente adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural español, y llamada a complementar la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas y de las políticas sectoriales convencionales, para procurar un desarrollo rural sostenible sobre el medio rural.

“La novedad de esta ley, ha subrayado, es que por primera vez las Comunidades Autónomas materializan una política rural de Estado basada en una acción coordinada y complementaria de las distintas administraciones públicas. Esto supone, sin duda, un salto cualitativo para mejorar la cohesión y vertebración de nuestro territorio, de la economía y de la protección y el uso sostenible de los ecosistemas y recursos naturales. Este principio de coordinación y complementariedad constituye, además, un elemento esencial que eleva la cuestión rural al rango de objetivo de Estado. Un instrumento, en definitiva, necesario y vital para ese sector que representa casi un tercio de la población”.

Por otra parte, ha señalado que la aplicación práctica de la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del medio rural, se lleva a cabo mediante el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de carácter plurianual, aprobado por Real Decreto 752/2012 de 4 de junio. En este programa se realiza un análisis y un diagnóstico sobre la situación del medio rural en España, se define una estrategia, se concretan las zonas rurales (a propuesta de las Comunidades Autónomas), se especifican los tipos de actuaciones multisectoriales, se define el contenido que deben tener los Planes de Zona, se determina el marco de cooperación entre las Administraciones Públicas, se define el presupuesto y sistema de financiación, y se concluye con un sistema de evaluación y seguimiento.