La portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha denunciado que el Gobierno provincial del PP “se ha convertido hoy en cómplice del Ejecutivo de la Nación al no elevar su voz contra unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no dan respuesta al paro como principal problema de la provincia y que, en términos generales, no atienden a las necesidades de Cádiz”. Irene García ha lamentado así que los diputados y diputadas populares han votado en contra de una propuesta socialista para que la Corporación provincial “respaldara institucionalmente la necesidad de enmendar unos Presupuestos que suponen otro año perdido en la lucha contra el desempleo y en la recuperación del ritmo inversor que requieren tanto las medidas para proteger a la ciudadanía de los efectos de la crisis como las inversiones llamadas a favorecer nuestro desarrollo socioeconómico”.

“Los 192.441 desempleados de esta provincia exigen que la lucha contra el paro sea el primer y casi único objetivo. Y en eso precisamente deben centrarse los Presupuestos Generales del Estado”, ha reclamado la portavoz y secretaria general, quien ha incidido en la necesidad de que las previsiones económicas del Gobierno para 2014 contemplen la segunda fase de los Buques de Acción Marítima; la descongelación de la aportación del Estado al Plan Reindus; y la puesta en marcha de un plan de empleo para la provincia de Cádiz. Junto a esas exigencias ha planteado “inversiones estratégicas”, por ejemplo en materia de recuperación del litoral, así como el aumento de la dotación para inversiones de la Zona Franca y de la aportación para la sociedad de gestión de Las Aletas.

En el capítulo de infraestructuras, ha defendido un “compromiso sin matices respecto a los grandes proyectos básicos para la vertebración de la provincia y para el aprovechamiento de toda nuestra potencialidad en la lucha contra la crisis”; y ha reclamado al Pleno el apoyo de la Corporación para reclamar al Gobierno de la Nación que “retire medidas antisociales como la reforma de las pensiones, que afectará negativamente a más de 190.000 gaditanos, y el copago sanitario”. Sin embargo, los votos en contra de los diputados y diputadas populares han impedido que la Diputación “asuma su responsabilidad y lidere la defensa de los intereses de esta provincia”, en este caso a través de una “reclamación legítima” en torno a los PGE.

“Unos ayuntamientos, amigos; y otros, simplemente conocidos”

Igual suerte ha corrido la solicitud de que se establezcan unos criterios homogéneos en el tratamiento de los municipios que atraviesan similares dificultades económicas. El diputado socialista José María Román, encargado de la defensa de esta propuesta, ha recordado que determinados ayuntamientos gestionados por el PP o con gobiernos afines a él (como Jerez, Tarifa, Prado del Rey y Los Barrios) han podido negociar con el Ejecutivo de la Nación y beneficiarse de unas condiciones mucho más favorables que las que recaen sobre otros como Barbate y La Línea, gestionados por los socialistas. “En la propia Diputación, el trato a los ayuntamientos también dista mucho de ser igualitario”, ha dicho José María Román, quien ha mantenido que “el Gobierno de la Corporación provincial trata de manera muy diferente a los ayuntamientos amigos y a los que considera solo conocidos, de manera que establece una distinción entre municipios de primera y de segunda categoría”.

“La Administración no puede llevar a cabo una actitud arbitraria ni injusta con la ciudadanía. Porque, lejos de que este trato discriminatorio afecte únicamente a los alcaldes o alcaldesas del PSOE, lo hace sobre el conjunto de los empleados de esos consistorios y, en definitiva, sobre la totalidad de sus habitantes”, ha explicado. En este sentido, Román ha recordado el “trato de privilegio” que el Gobierno provincial del PP ha venido concediendo al Ayuntamiento de Jerez (gobernado por el Partido Popular), en contraposición con lo que sucede con otros gestionados por otras opciones políticas. “El pasado año, el Gobierno de la Diputación rechazó poner en marcha un sistema especial de ayuda para La Línea, diciendo que no había dinero para ello. Y después se reveló que sí había dinero”, ha asegurado, para hacer posterior hincapié en que “el PP hace tiempo que diseñó una estrategia de acoso hacia la Alcaldía de La Línea”.

Sin un plan de arreglo y mantenimiento de caminos rurales

Los votos negativos del PP han impedido igualmente que prosperase una propuesta socialista para que los Presupuestos de la Diputación para 2014 incluyan una partida no inferior al millón de euros para desarrollar un plan de arreglo y mantenimiento de los caminos rurales. Alfonso Moscoso, viceportavoz del Grupo Socialista, ha defendido esta iniciativa y ha destacado que “la red de caminos rurales tiene una importancia capital para la vida cotidiana de nuestros pueblos, tanto en lo que respecta a desplazamientos habituales en la vida diaria de muchas familias como al acceso a un elevado número de explotaciones agrícolas y ganaderas que son claves en la actividad económica y en el empleo”.

Alfonso Moscoso ha señalado que “esta red de caminos juega un papel determinante en la vertebración de nuestro medio rural e incluso de nuestra provincia”. Y ha recordado que su mantenimiento y conservación es una competencia esencial de las corporaciones locales, a la que debe darse respuesta desde la propia Diputación como institución que tiene encomendada la asistencia a los pequeños municipios.

El PP ampara una Reforma Local nacida de la imposición

La nómina de asuntos rechazados por el Gobierno provincial se ha extendido a la solicitud de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy paralice la Reforma Local que mañana debate en el Congreso sus diferentes enmiendas de totalidad y que comience de cero una nueva, “basada en la negociación y en la búsqueda del consenso, en lugar de en la imposición”. Gemma Araujo, la diputada socialista encargada de defender esta iniciativa, ha destacado que la actual Reforma Local “vulnera al menos 15 artículos del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y responde a una opción ideológica que apuesta por el centralismo”. Además, ha hecho hincapié en que esa modificación legislativa “traerá consigo una pérdida de calidad democrática en los municipios y supondrá el desmantelamiento del poder local como lo conocemos en la actualidad”.

Frente a un modelo que amenaza con la privatización de servicios públicos esenciales que hoy se prestan desde los propios ayuntamientos, el Grupo Socialista ha defendido una reforma local que “dé respuesta a las  principales demandas de la ciudadanía, algo que en absoluto se consigue con el actual texto, y que atienda las reclamaciones de las entidades locales en torno a sus necesidades de financiación”. En cualquier caso, la propuesta no ha prosperado por los votos en contra de los diputados y diputadas del PP.

Unánime defensa de los emigrantes retornados frente al acoso del Gobierno

Irene García ha mostrado su satisfacción por el respaldo unánime del Pleno de la Diputación a una propuesta del Grupo Socialista que reclamaba al Gobierno de la Nación que pusiera fin a su “afán recaudatorio” sobre el colectivo de emigrantes retornados, que está recibiendo miles de comunicaciones de sanciones y recargos como consecuencia de la no declaración de unas pensiones procedentes de países terceros, cantidades que la propia Agencia Tributaria venía manteniendo que no estaban sujetas a tributación.

La portavoz y secretaria general ha recordado que esta propuesta al Pleno tiene su origen en un encuentro mantenido hace unos días con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados y con el presidente de la Asociación provincial, “quienes nos trasladaron el grave atropello al que se estaba sometiendo a un colectivo que no había cometido irregularidad alguna y al que se quería penalizar sin motivo ni justificación”.

“Cádiz es la provincia con un mayor número de emigrantes retornados de toda Andalucía, y por tanto de alguna manera debíamos liderar esta reivindicación”, ha señalado Irene García, quien también ha incidido en que este colectivo de extrabajadores “está sometido a una grave indefensión” ante un modo de actuar del Ministerio de Hacienda que “poco menos que los está criminalizando, cuando en ningún momento se han negado a hacer frente a ninguna de sus obligaciones tributarias, sino todo lo contrario”. “Estas personas que han trabajado durante años para sacar adelante a sus familias y para contribuir a la mejora de este país no se merecen ser tratados como defraudadores. Muy al contrario, deben recibir un tratamiento especialmente cuidadoso ya que su actual situación no se debe en ningún caso a una decisión libre y voluntaria por su parte sino a un error exclusivamente imputable a la propia Administración”, ha concluido.