El portavoz de Justicia del Grupo Socialista, Juan Carlos Campo, ha recordado hoy que el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de devolución a la sección 13 los PGE (Justicia), por entender que, “a pesar del incremento presupuestario del ministerio éste es absolutamente insuficiente para garantizar la mejora de la Administración de Justicia”. Así, Campo ha asegurado que lo es por dos razones: “la primera, porque hablar de recuperación económica exige doblegar esfuerzos en la mejora de un servicio que adolece de enormes carencias y, de otro, porque en este presupuesto no encontramos el trazado de línea estratégica alguna que permita ver para qué ese aumento presupuestario”.

Por todas estas razones, el responsable de Justicia ha asegurado que, “mientras eso no ocurra estamos ante unos presupuestos que dan la espalda a la justicia, y lo que es más grave, a los ciudadanos”. Además, ha subrayado que “los socialistas creemos  que el proceso de modernización de la justicia supone un elemento dinamizador de la economía y para la refundación de un modelo económico más inclusivo y ético”.

Durante el debate presupuestario relativo a Justicia, celebrado hoy en el Congreso, Campo ha subrayado que “nuestra justicia necesita políticas públicas definidas y una transformación estructural que genere la capacidad de ofrecer a sus usuarios respuestas uniformes, rápidas y guiadas por criterios objetivos. Ni rastro en los presupuestos de la inversión destinada a la implantación de la oficina judicial o de tribunales de instancia”.

Campo recordó que la sección 13 tiene objetivos muy concretos y de manera destacada “dotar a los órganos que integran la administración de justicia de los medios personales, materiales, tecnológicos y financieros para cumplir los mandatos constitucionales”. Sin embargo, añadió que “no existen unas mínimas líneas estratégicas de modernización; unas líneas que nos permitan ver en que se van a emplear las partidas presupuestarias en orden a todo ese paquete de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que demanda el sector. El Ministerio de Justicia no explica a dónde quiere ir, quizás porque no lo sepa. Precisamente por esto, lo que podría ser una felicitación por esos 121 millones de euros, se transforma en decepción”.

El responsable socialista indicó que “nos encontramos por primera vez una cantidad global parecida a la de los últimos presupuestos del Gobierno socialista donde en los años 2010 y 2011 superaron los 1800 millones de euros, pero los 1700 del que ahora debatimos, lo daríamos por bueno si lográsemos atisbar líneas de actuación conforme a un Plan estratégico previamente diseñado”. En relación a dicho plan, el portavoz socialista se preguntó “por dónde”, en relación a varios aspectos: “por el rediseño de los recursos materiales, por el desarrollo de la NOJ, por los tribunales de instancia, por un nuevo mapa judicial, por las políticas de personal (un dato ilustrativo, en los años 2010 y 2011 se ofertaban 220 plazas judiciales y 100 fiscales por año, ahora cien plazas para ambas careras), y por los aportes para poner en marcha una ley como la del Registro Civil que contó en un ya lejano 2011 con el apoyo muy mayoritario de esta Cámara y por la apatía del Gobierno se va prorrogando un año tras otro.”

Además, se preguntó también “por los programas presupuestarios para la interoperabilidad de los sistemas informáticos o despliegues de las nuevas tecnologías; los aportes para la justicia gratuita, o las partidas presupuestarias  desarrollar la mediación conforme a la proposición no de ley aprobada por esta misma Cámara y que debería de potenciar los servicios de mediación conectado al proceso”.

Ninguna partida para la modernización organizativa

En este punto, criticó que “ninguna partida va la modernización organizativa, lo que nos permite decir que desde el Gobierno se sigue apostando por una estructura obsoleta de nuestros juzgados y tribunales incapaz de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía”. Igualmente, explicó que el programa 113M, dedicado a los registros vinculados con la fe pública y con una dotación de 30,06 millones de euros – 3,25 millones más que en 2016-  cantidad insuficiente por las graves carencias de personal y medios de la Dirección General de Registros y del Notariado que paladinamente recoge la Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado”. Una resolución, por la que se publica la encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación de expedientes de nacionalidad por residencia, cuyo coste es de 2 millones de euros para la tramitación de expedientes ingresados en la primera mitad de 2015, “lo que deja el incremento en Capítulo 6 en tan solo 800.000 euros, que no solo atiende a la materia de nacionalidad, sino a algo muy relevante que es el registro civil, paradigma de la falta de dirección y sentido de las políticas seguidas por el Ministerio de Justicia.

Por otro lado, Campo puntualizó que, “si bien, la mayoría de las partidas suben, en casi todos los programas respecto a 2016, “es llamativo el hecho de que hay una disminución muy clara de los recursos de los programas 111Q y 111R que son los destinados a formación de personal al servicio de la administración de justicia y Ministerio Fiscal”. E igualmente lamentó que “tampoco se habilitan plazas, además de lo ya expuesto de jueces y fiscales, suficientes para cubrir las bajas estructurales en las plantillas de la administración de justicia, lo que redunda en la continuidad del  deterioro de la Administración de Justicia ya que las ofertas de empleo público tienen una parte importante de publicidad y propaganda que tanto gusta al Gobierno”.

“Continúan en vigor las reformas que promueven exclusivamente la disminución de la litigiosidad, instrumento único llevado a cabo por el Gobierno para mejorar las ratios de  resolución judicial, en vez de hacerlo de la manera más lógica: dotar mejor la plantilla judicial y fiscal y llevar a cabo actuaciones estructurales en la organización judicial que permita una respuesta más eficiente”, aseguró.   Así pues, y ante la ausencia absoluta de líneas políticas que permitan una mejora de la justicia, tanto en su vertiente poder como en su vertiente administración, aseguró que “el Grupo Socialista presenta esta enmienda de devolución de la Sección 13 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015”.

Enmiendas socialistas

Alternativamente, el GPS presenta diversas enmiendas, entre ellas, una más que razonable partida de dos millones de euros para la modernización organizativa de la justicia. En este punto, explicó que “lo que se destina a ese concepto en este presupuesto presentado por el Gobierno es exactamente cero euros, lo que supone un nuevo impulso al abismo de la ineficacia, la ineficiencia y la perpetuación de respuestas ancladas en una estructura obsoleta que en muchos casos es incapaz de dar una respuesta a los ciudadanos”.

Además, el GPS ha presentado también una partida de tres millones de euros para incrementar el presupuesto destinado a los registros vinculados con la fe pública ya que la cantidad destinada es evidentemente insuficiente para la creación del nuevo registro civil. Igualmente, Campo reiteró que “el ministerio, tras el intento de privatizar el registro a favor de los registradores de la propiedad, pretende en la realidad mantener el actual modelo del Registro Civil frente al consensuado en el año 2011, que era un modelo centralizado y accesible telemática y presencialmente. Una ley aprobada por unanimidad y un nuevo Registro que para su entrada en vigor exige un desarrollo normativo y una inversión de recursos que los distintos y sucesivos gobiernos del Partido Popular no han llevado a cabo desde su aprobación, y desde luego ni está en su intención, ni podrán hacerlo con las cifras que presentan en estos presupuestos teniendo en cuenta que esta ley debería entrar en vigor, de no aprobarse una prórroga, el próximo día 30 de junio”. El GPS solicita también una aportación extra del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de justicia gratuita y diversas enmiendas destinadas a iniciar, mejorar o acelerar la construcción o mejora de diferentes infraestructuras necesarias en los diferentes territorios.