La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista para acabar con la discriminación de los enfermos de diabetes en el acceso al empleo público.

La portavoz adjunta de Sanidad, Miriam Alconchel, encargada de defender esta iniciativa, ha señalado que las personas diabéticas son “capaces de desempeñar cualquier tipo de trabajo, con un adecuado control de su glucemia y de las situaciones de riesgo, sin que ello deba afectar a su oportunidad para acceder a los puestos de trabajo”, tanto es así que, “el RD 1971/1999 de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, atribuye a la diabetes de clase 1 un porcentaje de minusvalía del 0%”. Sin embargo –ha explicado- existen determinadas normas reguladoras de ciertos empleos públicos –relacionados con fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección, bomberos, puestos relacionados con el transporte, etc…-, que contienen entre los supuestos de exclusiones definitivas la diabetes”.

“La diabetes no tiene por qué ser causa de exclusión genérica para acceder a un puesto de trabajo. Deberían valorarse las condiciones físicas de cada aspirante en relación con las aptitudes requeridas para cada puesto”, ha defendido Alconchel, quien considera necesario “revisar los actuales cuadros de exclusión médica por los que se rige la oferta pública de empleo a nivel local, autonómico y estatal”.

La iniciativa insta al Gobierno a que, “en el menor plazo de tiempo posible, adopte las  medidas legales y reglamentarias necesarias para imposibilitar que el diagnóstico de la diabetes sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público en aquellos cuerpos, escalas y categorías en que así se tenga previsto”.

Al mismo tiempo, “el Gobierno adoptará las medidas necesarias para evitar que el diagnóstico de diabetes con carácter genérico pueda constituir ninguna discriminación en los derechos laborales de los empleados y empleadas públicos, incluidos sus derechos de promoción y traslado de puestos de trabajo, en aquellos supuestos en los que esté contemplado algún tipo de limitación”.

Además, “el Gobierno revisará el catálogo de exclusiones médicas, a fin de actualizar éste, para afecciones que realmente limiten la capacidad funcional de los aspirantes para el correcto desempeño de las actividades correspondientes, eliminando como patologías excluyentes la diabetes, el VIH o cualquier otro proceso, siempre que no suponga una merma real de las capacidades de los candidatos para el desempeño de la función, con la valoración de las características concretas del puesto de trabajo y las condiciones individuales de la persona”.

Subcomisión sobre el uso terapéutico del cannabis

Por otro lado, se ha aprobado crear una subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad, sobre el uso terapéutico del cannabis. El portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª Fernández, se ha mostrado partidario de “abordar el análisis del uso medicinal del cannabis en España” y para ello, ha propuesto la creación de una ponencia en el Congreso “para el análisis de la situación del cannabis en España, y valorar la necesidad, y en su caso las condiciones, de una regulación en sus diferentes formas de uso”, en la que “se escuchen las opiniones de expertos y usuarios”, antes de establecer una regulación al respecto.

En su intervención, Jesús Mª Fernández ha manifestado que “en política hay que tener rigor, hay que hacer política basada en la evidencia” y no “improvisar iniciativas” por “oportunismo político”.

El portavoz socialista ha puesto de manifiesto que, aunque los derivados cannabicos puede aportar “ciertos efectos beneficiosos en la reducción de síntomas que perjudican la calidad de vida de ciertas enfermedades crónicas”, la “evidencia científica sobre sus efectos es escasa” y “no están exentos de efectos adversos”, por lo requieren “la prescripción e indicación por un profesional especialmente entrenado en su indicación y seguimiento”.

Además, ha apuntado que existen “reticencias a la regulación del uso medicinal del cannabis” debido a que “se pueda reducir la percepción de riesgo en la sociedad” y por “la posible desviación al tráfico ilegal” de estos productos.

No obstante, Fernández cree que “es perfectamente posible separar los usos lúdicos de los medicinales y establecer una regulación ad hoc”, tal y como recomiendan las resoluciones de la UNGASS. Es, en definitiva, “una materia suficientemente compleja como para que sea necesario un estudio en profundidad”, ha concluido.