El diputado socialista denuncia que el Gobierno del PP “no ha hecho nada” para dar cumplimiento al convenio firmado al respecto hace cuatro años y reclama explicaciones ante la Cámara
La comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy, por unanimidad, una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para la promoción de la claridad del lenguaje jurídico, en cumplimiento del Convenio Marco aprobado por el anterior gobierno socialista para tal fin y que el Ministerio de Justicia actual no ha realizado.
La iniciativa socialista insta al Gobierno a “impulsar de manera decidida actuaciones que promuevan la claridad del lenguaje jurídico, dando cumplimiento al Convenio Marco de Colaboración para Promover la Claridad del Lenguaje Jurídico, así como a dar cuenta al Congreso de las actuaciones realizadas al amparo del mismo”.
Además, ha aprobado “elevar al Pleno de la Cámara una propuesta para que apruebe un mecanismo que permita que todas las iniciativas legislativas sean revisadas antes de su aprobación a fin de adecuar el lenguaje jurídico utilizado a una mejor comprensión por los ciudadanos, así como a promover todas aquellas medidas que puedan ayudar a mejorar su conocimiento y procurando un lenguaje jurídico inclusivo y no sexista”.
El Convenio fue firmado en diciembre de 2011 durante el gobierno socialista, dentro de las actuaciones del Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, “sin que, en estos cuatro años de mayoría absoluta del PP, el Ministerio de Justicia haya hecho nada”, ha denunciado el portavoz socialista de Justicia y ponente de la iniciativa, Juan Carlos Campo.
“Este Gobierno, que está en funciones aunque no sabemos muy bien en cuales, se olvidó de hacer sus deberes también en este asunto”, ha denunciado.
“Una justicia moderna es, ante todo, una justicia que la ciudadanía comprende y siente próxima”, ha defendido.
“La claridad en el lenguaje jurídico enhebra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, puesto que es el presupuesto para comprender el Derecho y su aplicación por los tribunales. Por el contrario, un lenguaje jurídico oscuro y enrevesado dificulta la labor de control de actuaciones públicas por la ciudadanía, produce desconfianza y pasividad”, ha explicado.
intervención PNL modernización lenguaje jurídico
