El PSOE pedirá la comparecencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para explique las condiciones en que se están produciendo las adjudicaciones de los servicios de seguridad en instalaciones públicas a subcontratas que no respetan los convenios colectivos y aplican condiciones laborales muy por debajo de las que venían dándose en el sector.

Los diputados en el Congreso por la provincia de Cádiz, Salvador de la Encina, Miriam Alconchel y Juan Carlos Campo, registraron ya la semana pasada una batería de iniciativas sobre la problemática laboral de los vigilantes de seguridad de los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa en la provincia. Tras el encuentro mantenido con representantes de este colectivo, éstos denunciaron “el paso atrás” que significaría la posible concesión de estos trabajos a la empresa Mar Segur, denunciada ante los tribunales de justicia porque pretende aplicar su propio convenio colectivo antes que el convenio colectivo estatal. Una empresa conocida en el sector de seguridad por la precarización de las condiciones laborales.

De hecho, según explican los diputados socialistas, los responsables de la empresa concesionaria MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA S.A., a pesar de que su convenio colectivo está debidamente impugnado y pendiente de resolución judicial, ya se pusieron en contacto con el personal anunciado la reducción del salario y la aplicación del convenio con las consiguientes desventajas para la plantilla. De hecho, esto supone, de facto, una reducción salarial media de un 45% sobre lo que han venido cobrando con la empresa cesante.

Los trabajadores gaditanos manifiestan que de media, y sin contar con los complementos salariales personales y de centro de trabajo, en la primera nómina recibirán 326 euros menos sobre un salario de poco más de 1000 euros. Además, las pagas extraordinarias pasarán a ser un tercio menos de lo que se cobra en la actualidad, pasando de 970 euros a 650 euros, y para disimular la reducción real mensual, las pagas se prorratearán por doce meses.

“La realidad es que el salario neto mensual nunca superará los 750 euros, o sea, en dos palabras, si el Ministerio no lo evita, pasarán del mileurismo a la indigencia laboral”, ha denunciado Alconchel, quien advierte de que “el Gobierno presume de estar creando empleo pero hechos como este demuestran que la balanza se decanta claramente hacia la precariedad”. “Un organismo público no puede amparar este tipo de explotación de los trabajadores, menos aun cuando según sus previsiones, la economía levanta vuelo”, ha recalcado.

Por su parte, Salvador de la Encina recuerda que ya en verano mantuvo un encuentro con los trabajadores de estos centros en el Campo de Gibraltar tras lo que elevó preguntas al Gobierno y cuyas respuestas “solo echan balones fuera pretendiendo revestir el proceso de normalidad legal, cuando claramente se está produciendo al amparo de las instituciones públicas y con el marco de la reforma laboral un claro abuso empresarial hacia estos trabajadores”.

Toda esta situación, “la de empresarios mafiosos que pretenden hacerse ricos a costa de los trabajadores”, será estudiada por los servicios jurídicos del PSOE para obligar a que los organismos públicos adopten medidas para vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y además, los socialistas van a reclamar al Gobierno que se introduzcan cláusulas sociales en las licitaciones públicas para salvaguardar los derechos de los trabajadores, como ya se viene haciendo en otras administraciones.

En un periódico de tirada nacional, se retrata hoy como las compañías de vigilancia barata están logrando los concursos públicos y sitúa en el centro de la diana al empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado El rey de la Seguridad. Un individuo investigado en un juzgado de Las Palmas por fraude fiscal de nueve millones a Hacienda y de 11 millones a la Seguridad Social desde la empresa Seguridad Integral Canaria, concesionaria de los servicios de vigilancia en centros de Defensa como los de Cádiz y de dependencias de Empleo, entre otros, las sedes de la Tesorería de la Seguridad Social.

Ramírez, a quien el ex ministro de Industria y ahora asesor fiscal, José Manuel Soria, definió como “el concepto más puro de emprendedor que conozco”, fue indultado en octubre de 2013, un indulto sobre el que el portavoz de Justicia y diputado por la provincia, Juan Carlos Campo, va a solicitar información para aclarar las circunstancias que argumentaron dicha medida de gracia.