La parlamentaria andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ha reiterado su exigencia al PP de Cádiz para que “se disculpe ante los cargos socialistas que fueron vilipendiados en la sucia campaña de difamación que el PP orquestó en torno a los cursos de formación en esta provincia, una falacia y persecución infame que ha quedado demostrada con el archivo de la causa”.  “Aún estamos esperando que las parlamentarias Ana Mestre, Teresa Ruiz Sillero o el propio delegado del Gobierno, Antonio Sanz, pidan una disculpa pública hacia el ex delegado de Empleo, Juan Bouza, que ha sido víctima de las mentiras que todos ellos hicieron circular, sin ningún tipo de escrúpulos, a sabiendas de que no tenían ninguna prueba que argumentase la denuncia que sostenía la acusación del PP”, ha señalado.

La dirigente socialista destaca el nuevo auto de la juez María Núñez Bolaños que “pone el foco en el grave perjuicio a muchas familias, a gente inocente que ha sufrido un calvario, un auto que retrata perfectamente al PP y deja al descubierto la utilización que hacen de la Justicia con fines claramente políticos”.

Araceli Maese lamenta que “la juez Mercedes Alaya haya permitido y alentado esta situación y encima tengamos que tragarnos campañas mediáticas en las que se nos presenta como adalid de la independencia judicial”. Sobre todo, le recrimina “el modo injusto en que se desarrollaron las operaciones policiales vinculadas a los cursos de formación sobre lo que hay miles de imágenes lamentables en los medios de comunicación”. “Querríamos saber por qué la Guardia Civil actuó de esa manera, de quién seguía órdenes y queremos que alguien responda ante los excesos que se cometieron contra personas inocentes que fueron tratadas como verdaderos delincuentes, a las que han lesionado su derecho al honor y que merecen también una explicación por parte del Ministerio del Interior”, ha señalado.

Por último, emplaza al PP a que abandone esa obsesión por “las teorías conspirativas, las redes clientelares y las falsas tramas de irregularidades que distraen a la Justicia de su cometido y acepte el consejo de utilizar los cauces adecuados para denunciar cuestiones de carácter administrativo”.