La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha asegurado que “los socialistas de esta provincia vamos a rechazar en primera línea, hombro con hombro con los trabajadores, cualquier ataque a la plantilla de Navantia”. Tras conocerse por los medios de comunicación la voluntad de la dirección del grupo estatal de construcción naval de poner en marcha medidas que pueden provocar “graves efectos en el empleo y en las condiciones de trabajo” de los empleados de las factorías de la Bahía de Cádiz, Irene García ha adelantado que el PSOE “va a continuar del lado de los trabajadores, exigiendo la llegada inmediata de carga de trabajo y rechazando cualquier iniciativa que pueda debilitar la capacidad productiva de nuestro sector naval”.

“Los trabajadores de Navantia y los de toda la industria auxiliar naval llevan muchos meses demandando al Gobierno que consiga actividad para los diques de la Bahía, unas reivindicaciones que únicamente han encontrado respuesta en las huecas palabras de compromiso de los dirigentes provinciales del PP, incapaces de exigir ante las altas instancias de su partido la urgencia de la situación que se vive en los astilleros”, ha señalado, para añadir que “los empleados carecen de responsabilidad alguna en el elevado grado de subactividad que se pueda llegar a alcanzar. Y, desde luego, no deben padecer las consecuencias de la ineficacia de los responsables de esa empresa, ya sea mediante la aplicación de la movilidad funcional o geográfica, o a través de cualquier otra medida fruto de la imposición”.

Irene García ha recordado que “a la pérdida de los gaseros de Gas Natural, que ya se deban por cerrados por el PP, hay que sumar otras promesas incumplidas, en forma de incontables anuncios de inminente actividad que no ha acabado de llegar: desde el quinto gasero, que sigue siendo un buque fantasma, a los aparentemente interminables contactos comerciales con terceros países a los que suministrar unidades militares… Todo son palabras y más palabras que, lejos de aminorar la angustia de los trabajadores, acrecientan su temor”.

La secretaria general ha incidido en que “hace ya unos meses, la dirección de Navantia amagó con un plan de futuro que introducía negros nubarrones en el porvenir de nuestros astilleros. Sin embargo, la presión de la plantilla y la respuesta de la ciudadanía de la Bahía de Cádiz consiguieron una cierta tregua. Pero hoy, las noticias vuelven a plantear serias dudas sobre las verdaderas intenciones de los rectores del grupo naval y suponen una preocupante ratificación de los peores temores de la propia plantilla, que sospechaba que se estuvieran dando las condiciones idóneas para presentar como inevitable cualquier medida drástica en relación con el empleo o con las factorías”.

Irene García ha exigido a los máximos responsables provinciales del PP, entre los que se encuentran su presidente provincial, Antonio Sanz, y el máximo responsable de la Diputación, José Loaiza, que “dejen de transigir con las mentiras del Gobierno de Rajoy hacia los astilleros, que se planten de una vez frente a la irresponsabilidad de los dirigentes Navantia, y que actúen de una vez por todas en defensa de los intereses de los astilleros de esta provincia”.

En este sentido, ha exigido nuevamente a los diputados del PP en el Congreso, entre los que se encuentra por ejemplo la alcaldesa de Cádiz, que “asuman el mandato que reiteradamente les ha trasladado la ciudadanía gaditana, y especialmente los trabajadores del sector naval, y que fuercen a su Grupo Parlamentario a obligar al Gobierno de la Nación a la contratación inmediata de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima, la única forma de asegurar actividad inmediata a los diques y que ha sido repetidamente rechazada”.