La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha anunciado que su partido planteará tanto en la Diputación como en los ayuntamientos de la provincia iniciativas relativas a los desahucios y la dación en pago, ya que su objetivo es “centrar el debate político en los verdaderos problemas sociales que están surgiendo como consecuencia del impacto de la crisis en la economía familiar”.

   En declaraciones a Europa Press, García ha expresado su preocupación ante el dato reflejado por la última Encuesta de Población Activa (EPA) del 36 por ciento, lo que “revela que sigue aumentando el número de familias con todos los miembros en paro”, lo que está “estrechamente relacionado con los índices de hogares bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión social”, y también con el “lamentable dato de que cada día se producen cinco actuaciones de desahucios”. 

   Sobre este último asunto precisamente, García ha destacado que el PSOE, además de presentar una proposición de Ley en el Congreso contra el desahucio, la insolvencia y el sobreendeudamiento familiar, ha promovido en el Gobierno andaluz la creación del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda que ha abierto en todas las provincias oficinas de asesoramiento y ayuda a las familias en situación de riesgo.

NUEVO INTENTO

 La dirigente socialista ha anunciado que el PSOE volverá a plantear este asunto en la Diputación, donde en el pasado Pleno “no tuvo la respuesta que merece” una propuesta del Grupo Socialista para poner en marcha un fondo económico para atender a las familias en situación de padecer el desahucio de su vivienda habitual.  En este sentido, considera que “el PP tiene que implicarse especialmente en este problema que afecta cada vez a más familias gaditanas”, apostillando que “puede hacerlo perfectamente a través de la Diputación”.

    Explica que la propuesta se va a llevar también a los plenos de todos los ayuntamientos de la provincia y ha recordado que planteaba la necesidad de impulsar ese fondo, que debía regularse en virtud de convenios entre la Diputación y los municipios de menos de 5.000 habitantes –a los que se limitaba su ámbito de aplicación– y que habría de articulase en forma de ayudas reintegrables para las familias amenazadas de desahucio, de manera que éstas pudieran abonar a las entidades financieras las cantidades necesarias para evitar el desalojo de estos inmuebles.

    Finalmente, García ha confiado en que la iniciativa socialista “obtenga el respaldo en los pueblos y se le mande así un mensaje al PP provincial para que rectifique y haga algo desde la Diputación”.

Cádiz, 3 de noviembre de 2012