Maese responde a Mestre que 25.000 gaditanos y gaditanas a día de hoy no tendrían asegurada su prestación de Dependencia si no fuera por el 82 por ciento que financia el Gobierno andaluz, mientras el Ejecutivo de Rajoy “se palpa los bolsillos”
Maese ha destacado que “el compromiso del Gobierno de Susana Díaz demuestra con hechos el fortalecimiento, a través del blindaje legislativo, de los derechos de aquellas personas que peor lo pasan con el fin de erradicar los umbrales de desigualdad en las políticas que afectan a la sociedad en su conjunto”
Maese culpa a Sanz de “ir a la desesperada por los pueblos arrastrando a gente sin convicciones que después no responden ni siquiera a su electorado” y le exige que “en lugar de designar futuribles se aseguren de que cumplan los presentes”
Ángel González anuncia además “acciones contundentes” de JSA para reclamar la eliminación del peaje en la A-4 como la recogida de firmas que ya va por 25.000
Maese lamenta que Podemos, IU y el PP se hayan abstenido en la convalidación de esta medida que pretende combatir situaciones de desigualdad y exclusión social
Araceli Maese destaca que la Junta también actuará sobre la retirada de fibrocemento y la climatización y sostenibilidad energética de colegios e institutos
Maese advierte a Sanz de que la próxima vez que venga Báñez a la provincia tendrá que traer los detalles de los más de 300 millones en empleo que prometió en 2016
Maese y Pizarro explican el contenido de una acción que pretende extender ya al ámbito municipal lo que lo que se garantizará a través de nuevas leyes
Maese y Naval han destacado el compromiso de la Junta de Andalucía y piden al Gobierno Central que financie con presupuesto las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Maese acusa a Sanz de utilizar el organismo público como agencia de colocación y sugiere a Moreno Bonilla que estrene su oficina de denuncias para casos de nepotismo con el de Arcos que ha arrastrado ya al ex senador del PP
Maese replica a IU que aumentar la PATRICA no revertiría en un aumento del gasto en servicios públicos pues los ayuntamientos están obligados a amortizar deuda
