La diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía y secretaria de Organización, Araceli Maese, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que dé cumplimiento a la iniciativa aprobada esta semana en el Parlamento andaluz, a instancia del PSOE, para redoblar las inversiones destinadas a la atención a personas con discapacidad. Precisamente, esta semana las entidades que trabajan en discapacidad han denunciado la falta de una financiación adecuada a los servicios que prestan.

Por eso el PSOE teniendo en cuenta además que la pandemia ha afectado especialmente a la labor que realizan y agudizado los problemas va a hacer presión para que se escuchen sus demandas y Maese ha asegurado que la misma iniciativa que ha sido aprobada en el Parlamento andaluz será elevada a los plenos de los ayuntamientos y la Diputación. El texto tiene cuatro puntos claros de reclamación al Gobierno de la Junta. En primer lugar abonar, de manera inmediata, los pagos atrasados de los servicios concertados con la Junta de Andalucía y, en su caso, garantizar el pago inmediato de todas las mensualidades futuras. En segundo, adoptar, de manera urgente, las medidas necesarias para adaptar el coste-plaza a los costes reales de los servicios prestados por las entidades, teniendo en cuenta los incrementos salariales derivados de la subida del SMI y el Convenio Colectivo, además del lPC.

Este punto es muy importante porque la revisión realizada por la Consejería de Igualdad es de solo un 2,6 por ciento lo que ha provocado la reacción de los colectivos porque con ello no se cubren los costes del servicio así que ahora, como ha explicado Maese, “la Junta de Andalucía tiene un mandato expreso del Parlamento que cumplir”.

Tanto el PP como Ciudadanos votaron a favor de la inciativa socialista de modo que han enmendado la plana a la consejera en sede parlamentaria. “Queremos que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación rectifique porque le están pidiendo a los colectivos además una ampliación de plazas en los centros de discapacidad. ¿Cómo cree la consejera que se puede compatibilizar ese aumento de plazas con menos recursos que ya son de por sí insuficientes? Es evidente que la ecuación no sale y que están poniendo a prueba la viabilidad del Sistema”, señala para lamenter que “en lugar de compensarlos por los esfuerzos realizados durante la pandemia, en lugar de cumplir las promesas que en su día hizo el presidente Moreno Bonilla, el Gobierno de las derechas trata de arrinconar a los colectivos que trabajan con personas con discapacidad”.

Para Maese “vuelven a caer en el mismo error de infravalorar el servicio que prestan, ya que la revisión que se hizo en 2019 tampoco alcanzaba a cubrir las necesidades de financiación de estos centros”.

La propuesta que ha sido aprobada también recoge la demanda de “establecer, de manera urgente, un nuevo plan de ayudas económicas, cuya ~cuantía esté consensuada con el sector de la atención a la discapacidad, que compense los costes extraordinarios derivados de las actuaciones preventivas sanitarias de la COVID-19 y que contabilice los gastos reales desde el inicio de la pandemia en 2020, contemplando· los primeros meses excluidos de la convocatoria anterior y los gastos ocasionados durante 2021”.

Y en último término, desde el Parlamento andaluz se reclama al Gobierno andaluz que “establezca una planificación de ayudas económicas, cuya cuantía esté consensuada con el sector de la atención a la discapacidad, que compense los costes extraordinarios derivados de las actuaciones preventivas y sanitarias de la COVID-19 para los próximos meses de este año 2021”.

La dirigente socialista ha explicado además que “la Junta no tiene excusas porque el Gobierno está transfiriendo más dinero que nunca”. “La Junta tiene que aprovechar el incremento previsto de la financiación estatal de la dependencia en la comunidad hasta casi 392 millones de euros e invertir sin improvisaciones en garantizar la viabilidad de estos centros de apoyo a las personas con discapacidad”, ha asegurado precisando que “con ese dinero se podrían atender 22.090 personas más y se podría reducir la lista de espera un 40% sólo en el presente ejercicio”.