Las diputadas por Cádiz en el Parlamento de Andalucía, Araceli Maese y Noelia Ruiz, junto a la portavoz de Igualdad y Servicios Sociales en el Grupo Socialista, Soledad Pérez, han registrado esta mañana una iniciativa en la que piden poner en marcha, en el primer trimestre del año 2021, un plan de choque para garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia de la Sierra de Cádiz.

A juicio de las diputadas socialistas, el plan deberá contener un refuerzo de personal valorador durante un plazo de seis meses para terminar con la lista de espera existente y la incorporación de nuevas plazas en el equipo de valoradores de dependencia en la sierra de Cádiz con un incremento real de los mismos.

Con la iniciativa del plan de choque, el Grupo Socialista pretende que además se priorice la atención de las personas ya valoradas y pendientes del Programa individual de Atención, especialmente los grados II y III, y dentro de ellos las personas mayores de 80 años y las que se encuentren en situación más vulnerable, para que puedan ser atendidas en el plazo máximo de tres meses.

Y reclaman, asimismo, que se suscriban los acuerdos que procedan con la Diputación de Cádiz y los municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz para garantizar la atención de calidad a las personas en situación de dependencia y para realizar un informe mensual de situación que permita conocer los avances en cumplimiento del Plan de choque de dependencia, donde consten las personas atendidas y la evolución de la lista de espera.

Maese y Ruiz argumentan que “en la provincia de Cádiz, a 30 de noviembre, hay 51.839 solicitudes, y 3.568 personas sin valorar, además de las 16.480 personas que, ya valoradas, esperan a ser atendidas al estar pendientes del Programa individual de atención (PIA)”.

Dentro de la provincia de Cádiz, describen en el texto, la zona de la Sierra está conformada por un número importante de municipios que por su número de habitantes dependen de la Diputación de Cádiz para tramitar las solicitudes de dependencia, como puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales, y con posterioridad se elaboran los P.I.A. (Programas Individuales de Atención) y se realiza el seguimiento de la aplicación de las prestaciones de la Ley. “Estos Servicios sociales comunitarios se distribuyen en Sierra Olvera, Sierra Ubrique y Sierra Villamartín. Además en esta comarca se ubica el municipio de Arcos de la Frontera, que al tener más de 20.000 habitantes tiene Servicios Sociales Comunitarios dependientes del propio municipio”, explican.

La Sierra de Cádiz, según la iniciativa registrada hoy, tiene en estos momentos 6.213 personas solicitantes del sistema de dependencia, lo que representa un total de solicitudes sobre población del 5,37, sin embargo, respecto al total de resoluciones de grado sobre población, esa tasa baja a 4,9, ya que 541 personas están pendientes de ser valoradas desde hace meses.

En opinión de las diputadas socialistas, “esa lista de espera de personas pendientes de valoración es debida a la necesidad de dotar de cobertura permanente al personal valorador de dependencia que depende de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia vinculada a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”. De hecho destacan que “en el último año, han sido múltiples las incidencias que han tenido lugar en esta comarca, pues a la dificultad de los desplazamientos entre municipios se une la ausencia de las personas valoradoras durante meses y la no cobertura de las mismas, y así difícilmente se pueden poner al día en la lista de espera porque la realidad es que el número de personas valoradoras no ha aumentado en estos años”.

Para las parlamentarias gaditanas, “el dato más terrible es el de las personas valoradas y beneficiarias de prestaciones, tasa que baja al 2,95, ya que solamente están atendidas 3.413 personas en esta zona, con una lista de espera de personas con derecho reconocido pero sin PIA de 1.142 personas, de las cuales 201 son grandes dependientes (grado III), 320 tienen una dependencia severa (grado II)  y 693 están valoradas como grado I”.

Un 32 por ciento de la población con derecho está sin atender

Este estudio pormenorizado realizado por el Grupo Socialista, pone de manifiesto que “en la sierra de Cádiz hay 1.683 personas entre pendientes de valoración y personas ya valoradas y si se tiene en cuenta que solamente 3.568 están atendidas en esta zona, se puede decir que un 32% de la población con derecho está sin atender en esta zona”.

“Este dato no sólo perjudica a las personas que esperan, también a sus familias, especialmente a las mujeres que son las que llevan años cuidando sin recibir ninguna ayuda”, apuntan para resaltar también el número de empleos que podrían crearse vinculado a este derecho, “más de 350 empleos directos que podrían haberse creado, si se atendiera a estas personas”.

En último término, Maese y Ruiz han lamentado “la falta de atención de la Junta de Andalucía a las demandas de los alcaldes y alcaldesas de esta comarca que han reivindicado una y otra vez las mejoras de la calidad de este servicio de dependencia sin recibir respuesta”. “A todo esto se le añaden los problemas de financiación y la imposibilidad de los municipios de poder atender a estas familias al no disponer de los medios materiales, humanos, ni competenciales para hacerlo posible”, añaden.