La parlamentaria y vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Irene García, ha lamentado que el Gobierno de la Junta llevase ayer al Pleno de la Cámara andaluza la convalidación del decreto para el refuerzo de la limpieza en centros educativos concertados como consecuencia de la pandemia. “Resulta inaudito que vaya a articularse un fondo de ayuda para que la escuela concertada haga frente a los costes extraordinarios originados por el Covid-19 y en ningún momento se haya impulsado un mecanismo similar para el sistema público educativo, lo que además ha obligado a un enorme sobreesfuerzo económico por parte de los ayuntamientos”, ha afirmado. “Porque es difícilmente explicable que la Junta pueda movilizar recursos extraordinarios para la educación concertada, que no podemos olvidar que nace de la iniciativa privada, y que no haya ni un euro extraordinario para el sistema público”, ha añadido.

Irene García ha hecho hincapié en el “desamparo” al que los municipios andaluces vienen siendo sometidos por el Gobierno de la Junta y por su presidente, en el que la lucha contra la pandemia alcanza uno de sus mayores exponentes. “De nada valen las poses de moderación cuando las acciones demuestran una actitud radicalmente opuesta a esa apariencia”, ha asegurado, para añadir que “al presidente de la Junta se le ha caído la careta y ha sido incapaz de ocultar lo que ya sospechábamos: que vuelve a primar a la educación concertada por encima de la educación pública, como ya hizo desde el momento en que creó una dirección general específica para ella, lo que jamás había sucedido desde la creación de nuestra Comunidad Autónoma”.

La parlamentaria y vicepresidenta segunda ha incidido en que esta decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía “no solo supone dejar de lado a todo un sistema educativo que forma parte de la estructura de la Administración autonómica y que sí es de su competencia directa” sino que, a su juicio, “es igualmente un desprecio hacia los ayuntamientos, que durante todo este tiempo han estado solos para dar respuesta, también en los colegios, a las exigencias planteadas por la pandemia”. “Y todo ello por no hablar del peligroso mensaje de desigualdad que se traslada tanto a los docentes como al alumnado del sistema educativo público andaluz y a sus familias, con lo que se abre la vía a considerar a andaluces de primera y de segunda”, abunda.

La parlamentaria, vocal de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha recordado que “el presidente de la Junta esperó prácticamente medio año desde la declaración de la pandemia para escuchar las inquietudes y necesidades de ayuntamientos y diputaciones, lo que ya supuso una primera decepción”. Y ha destacado que “en aquel infructuoso encuentro del 8 de septiembre de 2020, las entidades locales, que son las responsables del mantenimiento de los centros educativos públicos, plantearon al presidente de la Junta la necesidad de que la Administración autonómica se implicase en afrontar unas actuaciones sobrevenidas que excedían muy mucho de las obligaciones ordinarias, como era el caso de la desinfección de esos espacios”. “Una circunstancia que, por otra parte, provocaba que los ayuntamientos tuvieran que detraer recursos de otras políticas y servicios de carácter social”, arguye.

García lamenta que “dos años después de aquella primera y única reunión de los representantes del municipalismo con el presidente de la Junta, no solo no han obtenido respuesta a aquel planteamiento de financiación por parte del Gobierno andaluz, sino que ahora esos alcaldes y alcaldesas tienen que ver cómo se destinan fondos específicos para ayudar a empresas privadas”. “Mientras tanto, los ayuntamientos han tenido y tendrán que seguir destinando recursos propios para unas actuaciones que no solo no les corresponden competencialmente sino que, cuando se trata de empresas privadas, la derecha moderada andaluza sí tiene a bien sostener económicamente”, ha afirmado.