El PSOE vota en contra de una organización donde el PP ha aplicado la ley del embudo y asfixia la labor de la oposición en la Diputación

26
Jul

Ruiz Boix denuncia que el volumen del gasto destinado a la Corporación se desequilibra en una proporción del 90 por ciento para el Gobierno en detrimento del 10 por ciento que supone la oposición y advierte de que los 600.000 euros que venden de ahorro se los van a gastar en eventuales VIP

El secretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, ha justificado el voto contrario que han emitido los diputados provinciales del PSOE esta tarde en el pleno de organización de la Diputación por la aplicación de la ley del embudo que ha protagonizado el PP en connivencia con sus socios 100X100 y su intención de asifixiar la labor de la oposición.
Ruiz Boix ha denunciado que el volumen del coste de la Corporación provincial se desequilibra al dedicarse hasta un 90 por ciento al Gobierno en detrimento del 10 por ciento que irá destinado a las labores de oposición. El líder socialista ha aclarado que en el mandato anterior los gastos entre las dos funciones democráticas de la Diputación, el Gobierno y la oposición, se mantenían en una proporción del 65 al 35 por ciento, respectivamente.
Así ha acusado a ambas formaciones de “repartirse la tarta”, obviando a los 14 diputados siendo estos el mismo número que tiene el Grupo Popular. El ahorro que se produce en la Diputación fruto de la desaparición de grupos políticos y que cifran en 600.000 euros se va a derivar en realidad al coste de “los eventuales VIP” que el PP va a contratar para montar una administración paralela, denostando así a los funcionarios de la casa que pueden ejercer de directores de área, ha venido a explicar el portavoz del PSOE.
Con la distribución realizada por el Gobierno del PP y 100X100, la realidad según Ruiz Boix es que hay menos personal técnico en el Grupo Socialista y habrá menos liberados en la oposición, todo lo contrario a lo que sucedió en el mandato anterior, a pesar de que entonces el PP solo tenía 8 diputados provinciales frente a los 14 que tiene el PSOE en la actualidad.
Entiende que hay en ese reparto sesgado con el que se ha estrenado Almudena Martínez una clara intención de beneficiar al Gobierno al tiempo que intentan limitar y controlar la labor de fiscalización de la oposición en la institución provincial que desarrollan dos grupos políticos, PSOE e IU.
Son en realidad los costes políticos de un pacto de intereses sobre el que el dirigente socialista ha hecho una advertencia, “la presidenta ha incumplido la palabra dada el lunes al portavoz del PSOE en cuanto a los recursos para los grupos”, lo que el portavoz del PSOE considera un aviso a 100×100 para que “se preocupe si es ese es el nivel de cumplimiento de la palabra de la presidenta”.
Ruiz Boix ha afeado al PP esa obsesión por crear una administración paralela al margen de los funcionarios de la casa, una situación que ya se produjo en el pasado en el Gobierno del PP “y no sirvió para nada porque no fueron capaces de ejecutar el 60 por ciento de los previsto”.