La senadora por Cádiz, Cándida Verdier, ha valorado el cambio de paradigma del proyecto por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad “por un sistema de apoyos individualizados para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones de forma libre e informada”.

Verdier ha subrayado que “el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia, el CERMI, instituciones como el Notariado y la Fiscalía, y otras asociaciones para alcanzar este objetivo, ha sido determinante y es de agradecer el impulso de esta modificación de la legislación civil y procesal porque va a representar un cambio histórico en la integración plena de las personas con discapacidad”.

Según la senadora socialista, “la nueva regulación va a repercutir en mejorar la vida de 62.084 gaditanos y gaditanas con una discapacidad psíquica, sensorial o mixta, según los datos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, posibilitando el ejercicio de derechos hasta ahora limitados o realizados por terceras personas”. Así, considera imprescindible que las personas con discapacidad tengan autonomía y capacidad jurídica plena y para ello “es necesario que reciban toda la ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad, además de la representación o, incluso, la sustitución en la toman de decisiones, cuando el apoyo no pueda darse de otra forma”.

Verdier también ha valorado la eliminación de ciertas instituciones jurídicas, como la tutela, la patria potestad prorrogada y la rehabilitada del ámbito de la discapacidad porque no responden a la promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad. Del mismo modo, la senadora socialista ha asegurado que “tanto la guarda de hecho como los poderes preventivos emergen como instrumentos jurídicos de gran relevancia, llamados a desjudicializar, en buena medida, la vida de las personas con discapacidad, limitándose a aquellos supuestos en que sean estrictamente necesaria su práctica”. Para la senadora del PSOE, “resulta muy importante la adaptación de la legislación civil española, de modo claro y coherente, a las directrices de la Convención de la ONU de 2006 sobre Derechos de la Personas con Discapacidad, afirmando y propiciando la mayor autonomía y capacidad de decisión para que estas personas tengan el soporte legal suficiente que garantice la igualdad de oportunidades y la plena integración”.

“Esta modificación legal tendrá una gran repercusión en la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad que verán ampliados derechos que hasta este momento tenían restringidos, sobre todo, cuando todos los poderes y administraciones públicas, incluidas las CCAA, reciben mandatos de actuación que obligan a intensificar el compromiso con dicho colectivo”, ha añadido para resaltar que no tuvo en la cámara baja ningún voto en contra y ahora pasa al Senado para concluir su tramitación.