La senadora por la provincia de Cádiz, María Jesús Castro, se ha congratulado de la aprobación por amplia mayoría, 259 votos a favor y 1 en contra, de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Castro resalta la incidencia que la ley puede tener sobre un territorio como la Bahía de Cádiz por los estibadores portuarios que manejaron toneladas de ese tóxico material y por la presencia de tres astilleros donde el amianto ha sido el causante de la muerte de muchos trabajadores “de una manera silente y no reconocida”.

Como ha explicado la senadora por Cádiz, María Jesús Castro, “es una ley con la que saldamos una deuda histórica con los afectados por el amianto, con las víctimas y sus familias, a quienes el Estado compensará económicamente y ayudará en los litigios judiciales durante la defensa de sus derechos.

Con esta ley, es el Estado el que reclama judicialmente a la empresa”, ha añadido. De esta forma, aquellas familias o trabajadores afectados que tienen vedada la vía judicial por no tener empresa a la que reclamar una indemnización, podrán ver compensado el daño sufrido.

Ahora será el Estado el que reclame judicialmente a las empresas, situándose en la posición del perjudicado, lo que evitará a las familias afectadas afrontar costosos procesos judiciales.

Ante la adversidad, el Estado te protege

Castro destacado que “esta norma tiene una importante carga simbólica porque mandamos un mensaje muy potente a la ciudadanía y es que ante la adversidad, ante situaciones de catástrofe y ante situaciones imprevistas en las que la gente se puede sentir muy sola, el Estado social y democrático de derecho le acompaña y le protege”.

A partir de ahora, se considerarán beneficiarias las personas que hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto o la exposición al mismo, tanto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental, así como a sus herederos o personas que adquieren sus derechos.

La senadora socialista ha reconocido que “puede que las víctimas de esta enfermedad no vean mejorar el dolor causado, pero sí verán reconocida su lucha porque, aunque nada puede reparar tanto dolor, con la entrada en vigor de esta ley se pone la primera piedra para hacer justicia”.

También ha hecho hincapié en el papel que han jugado la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones como la que existe en San Fernando, los familiares, pero más que resaltar su empuje y sus justas reivindicaciones, ha subrayado su papel conciliador, su capacidad de diálogo, su disposición a colaborar: “Todo eso nos ha ayudado a los diferentes partidos políticos a entendernos”, ha puntualizado.

En el debate de la iniciativa, se ofrecieron datos de ámbito nacional que la senadora recuerda como que entre 1994 y 2008 hubo 3.943 personas fallecidas por el amianto. “Debemos velar por la salud de los trabajadores. Es necesario poner en marcha un fondo de compensación. Los daños no son instantáneos y aparecen años o incluso décadas más tarde. Muchas empresas desparecen cuando la enfermedad se manifiesta, los trabajadores han estado en diferentes empresas y así es difícil su identificación”, ha matizado.