“Es necesaria una labor de transparencia, la comprobación de que se cuenta con el título válido para poder registrar la propiedad a nombre de la Iglesia, y la reclamación para recuperar esos bienes que han sido inadecuada e injustamente inmatriculados por la Iglesia”, ha defendido hoy el portavoz del Tribunal de Cuentas y diputado socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, al referirse al plazo de seis meses que tiene el Gobierno para elaborar el listado de los 4000 bienes inmatriculados por la Iglesia Católica tras acogerse a un Real Decreto “que consideramos que ha sido claramente inconstitucional”, que reformó tanto la Ley como el reglamento hipotecario.

Hurtado, junto a los portavoces de Justicia y Constitucional, Juan Carlos Campo y Gregorio Cámara, se ha reunido hoy con Recuperando, la coordinadora estatal para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica, para analizar el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el pasado mes de abril en la Comisión de Justicia – con el apoyo de la mayoría de los grupos y el voto en contra del PP y Ciudadanos – que pide al Gobierno que en el plazo de seis meses se aporte la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998 a través de un Real Decreto.

“Vamos a confiar en que el Gobierno está recabando la información y que en octubre podamos disponer de ese listado”, ha dicho Hurtado en declaraciones a los periodistas tras recordar que en esa fecha vence el plazo de seis meses. Porque de no cumplirlo, “estamos estudiando avanzar en una proposición legislativa que signifique ya una obligación para el propio Gobierno de ejecutar, y que espero que salga adelante porque una mayoría de la Cámara ya apoyó la proposición no de ley socialista aprobada en abril”, ha advertido.